Integrantes del Sindicato de Peones de Taxis y la Cámara de Propietarios de Taxis de La Pampa se movilizaron este jueves al municipio santarroseño para protestar por la “inacción” de la intendencia y del Concejo Deliberante para hacer cumplir la ordenanza que regula el transporte de personas por aplicaciones, como Uber y Didi. Cerca del mediodía, bloquearon la sesión del cuerpo deliberativo y reclamaron hablar con el intendente Luciano di Nápoli. Finalmente, no lograron que los reciba el intendente y se retiraron con la promesa de encuentros con funcionarios.
La manifestación se hizo frente a la intendencia, en San Martín 50. Allí estacionaron los autos, cortaron la avenida e hicieron sonar los bombos. Pasadas las 10 ingresaron al Concejo y, ya pasadas las 11.30, bloquearon la sesión.
Antes de ingresar al edificio municipal los taxistas tuvieron un cruce con un representante de los conductores de Uber que había colocado un cartel frente al municipio para protestar contra el registro de conductores de aplicaciones que se puso en marcha el miércoles.
“Se reguló, pero no hay control”, dijo el secretario general del Sipetax, José Bocalatte. “No queremos privilegios, pero queremos controles. En diciembre se sancionó la ordenanza de aplicaciones, ¿por qué no nos llama el Ejecutivo?”, sostuvo el gremialista.
“Queremos reglas claras. No sé por qué largaron lo del registro de choferes un día antes (el miércoles). No pueden esperar una movilización para largarlo”, se quejó.
El miércoles a la tarde el municipio, en un intento por desactivar la protesta de taxistas, puso en marcha un registro de dudosa efectividad para quienes brinden el servicio de transporte privado de pasajeros a través de plataformas electrónicas.
En concreto, el Sipetax reclama que se controle el funcionamiento de Uber y Didi: que quienes trabajan con este sistema estén inscriptos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que emitan recibos de sueldo, que cuenten con certificados de antecedentes penales, que las empresas presenten listado de trabajadores, que cada auto tenga QR para controlar si está habilitado para prestar el servicio o no, y que se verifique la antigüedad del coche.