Luciano Ortiz, expresidente de La Libertad Avanza, cuestionó duramente la decisión de la administración del presidente Javier Milei de quitarle las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles a La Pampa: dijo que es un “atropello directo” a los derechos pampeanos y que resulta “inaceptable el despojo” a La Pampa.
Ortiz, también extitular de la obra social de los jubilados en La Pampa, fue desplazado de la presidencia de LLA La Pampa hace un año y, en su lugar, fue ubicado Adrián Ravier, que ahora además es vocero presidencial.
Precisamente, Ravier ha preferido hacer silencio sobre el conflicto por el río Atuel y las regalías, de una de las causas pampeanas que casi no distingue de banderías políticas.
¿Qué dijo Ortiz? “El Decreto 982/2026 representa un atropello directo a los derechos soberanos de nuestra provincia, no solo porque sin agua no hay nada que encausar, sino porque convalida la arbitrariedad con la que la vecina provincia de Mendoza se ha manejado durante tantas decadas. Los pampeanos conocemos muy bien nuestra historia y resulta inaceptable el despojo de los recursos que nos pertenecen por ley y justicia histórica”, escribió en sus redes sociales.
Este viernes, el Gobierno de Javier Milei dio otro golpe a La Pampa por el río Atuel: resolvió que Mendoza pase a percibir la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por el sistema Los Nihuiles, con lo que puso fin al esquema que durante más de cinco décadas distribuyó esos recursos en partes iguales con La Pampa.
La decisión modifica un punto que había vuelto a quedar en el centro de la discusión por Los Nihuiles durante las últimas semanas. Hasta ahora, la regalía hidroeléctrica prevista por la legislación nacional es del 12%, pero en el caso del complejo ubicado sobre el río Atuel se distribuía por mitades: Mendoza recibía el 6% y La Pampa el 6% restante. La provincia de Mendoza reclamaba desde hacía años quedarse con la totalidad. El Estado pampeano ya prepara una presentación judicial.
En tanto, los posibles socios electorales de La Libertad Avanza en 2027 también se expresaron. Desde la UCR y el PRO salieron este viernes a cuestionar la decisión del presidente Javier Milei.
María Alejandra “Marita” Mac Allister, presidenta del Tribunal de Cuentas y quien ha anunciado su postulación para gobernadora, respondió desde el PRO. “Yo soy pampeana, voy a defender los intereses de los pampeanos, por supuesto”, sostuvo al referirse al conflicto y planteó que la provincia debe sostener su reclamo sobre los recursos vinculados al río Atuel.
A su vez, desde la UCR se manifestaron Martín Berhongaray, Hipólito Altolaguirre y Daniel Kroneberger, entre otros.
Altolaguirre y el resto de los diputados provinciales de la Unión Cívica Radical expresaron su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de modificar el régimen de distribución de las regalías hidroeléctricas y dijeron que La Pampa debe defender, por todas las vías institucionales y judiciales disponibles, los derechos que históricamente ha sostenido sobre el río Atuel y los recursos vinculados a su aprovechamiento.
El exdiputado provincial y posible candidato a gobernador por la UCR, Martín Berhongaray, también cuestionó al Gobierno de Javier Milei por quitarle las regalías del sistema Los Nihuiles, pero además señaló que existe una cuota de responsabilidad del Gobierno pampeano.
“Claramente, la derogación del Decreto 1560/73 es una decisión negativa para La Pampa, desde el punto de vista económico, pero fundamentalmente desde lo que simboliza esa norma en la lucha por nuestros ríos. Es el desenlace de un reclamo administrativo que Mendoza inició a comienzos de este siglo y cuyo trámite pone de manifiesto que existió una enorme responsabilidad del Gobierno de La Pampa en haber llegado a este resultado negativo”, dijo a Diario Textual.
“Y no lo digo solo ahora, porque ya a fines de 2015, siendo diputado provincial, presenté un proyecto repudiando la actitud de ocultamiento asumida por el Gobierno pampeano. Nos enteramos, a partir de declaraciones del fiscal de Estado de Mendoza, de que la Procuración del Tesoro de la Nación había emitido un dictamen el 6 de julio de 2015 en el sentido de derogar el Decreto 1560/73. Cualquiera que sabe de derecho y de procedimiento administrativo entiende que revertir esa decisión iba a resultar altamente difícil”, resaltó.
