El gerente de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, Luis Usero, advirtió este lunes que paulatinamente se viene observando un “desmejoramiento” de los índices de cobrabilidad del servicio eléctrico debido a los tarifazos autorizados por el Gobierno nacional.
“Es algo que varía, no es sostenido, pero venimos observando un desmejoramiento de los índices de cobrabilidad (del servicio eléctrico), que no se observa en el servicio de telecomunicaciones”, explicó Usero.
Ante esta situación desde la entidad solidaria se ofrecen planes de pago, aunque muchas veces los usuarios morosos tampoco pueden cubrirlo. “Si vemos que no pueden afrontarlo, activamos pagos parciales”, dijo, en declaraciones a Radio Kermés.
Desde el inicio de la gestión de Milei, el Gobierno nacional avanzó con una política de reducción de subsidios energéticos y de traslado progresivo del costo de generación de la electricidad a los usuarios. La lógica oficial es que las tarifas deben reflejar cada vez más el costo real de producir la energía y que el Estado debe reducir el gasto destinado a subsidiarlas.
En 2026 ese proceso continuó con un nuevo esquema de subsidios que reemplazó la segmentación anterior. El Gobierno planteó una transición hacia tarifas más cercanas al costo real, manteniendo asistencia para los hogares considerados de menores ingresos.
El problema es que la factura no se mueve solamente por el precio de la electricidad. También intervienen el consumo, la distribución, los impuestos y los mecanismos de actualización tarifaria.
En este contexto, la discusión energética dejó de ser solamente una discusión sobre tarifas y pasó a convertirse en un tema de endeudamiento familiar. En septiembre, un informe sobre la situación económica de los hogares reveló que más de 20 millones de argentinos tienen algún tipo de deuda y que la mora alcanzó al 26,1%, en un contexto en el que muchas familias recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos. Entre esos gastos están las tarifas de servicios básicos.