El Ministerio de Salud de la Nación, que encabeza Mario Lugones, quedó en la mira judicial por haber colocado 58 mil millones de pesos en activos financieros en vez de comprar insumos y medicamentos para el Hospital Garrahan.
En un escenario de conflicto abierto por el congelamiento salarial, el déficit de personal y la escasez de insumos, las organizaciones sindicales de la entidad formalizaron una dura ofensiva en los tribunales federales denunciando maniobras de malversación de fondos públicos y una campaña de persecución contra la dirigencia gremial que rechaza las políticas del Gobierno nacional.
La tensión escaló a niveles inéditos luego de que la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) presentara una denuncia penal contra el ministro Lugones y contra el director del hospital, Mariano Pirozzo. La acusación judicial, radicada en el juzgado federal de María Servini, apunta al presunto desvío y utilización irregular de un fondo presupuestario por 58.107 millones de pesos. De acuerdo a los informes a los que accedió la justicia tras un recurso de amparo interpuesto por el gremio, esa cuantiosa suma de dinero público, destinada originariamente a la adquisición de medicamentos de alto costo, prótesis y la atención de pacientes, terminó colocada en instrumentos financieros, como bonos de la deuda a 13 años y fondos comunes de inversión, en lugar de ser volcada a las acuciantes necesidades operativas del establecimiento.
La referente de APyT, Norma Lezana, denunció públicamente la gravedad de la maniobra: “A través de un informe económico que la Justicia obligó al hospital a emitir, vimos que las prótesis y los medicamentos de alto costo están en un fondo invertido en bonos de la deuda a 13 años. Son $58 mil millones, de los cuales gastaron $15 mil millones en 2025 en seguridad, mientras faltan insumos esenciales. Hubo muchas compras de manera directa, sin licitación pública”, explicó en diálogo con el diario Perfil.
Paralelamente al frente judicial por las finanzas del nosocomio, el accionar del ministro Lugones y de la dirección hospitalaria es fuertemente cuestionado por desplegar una política de amedrentamiento y hostigamiento contra la representación sindical en el Garrahan. En una maniobra tildada de arbitraria y discriminatoria, la administración avanzó con la cesantía de Lezana mientras gozaba de su respectiva licencia gremial, al tiempo que instruyó un paquete de sumarios disciplinarios plagados de irregularidades procedimentales que alcanza a 44 profesionales e integrantes del equipo de salud.