Una trabajadora del Hospital Gobernador Centeno de General Pico fue exonerada luego de un sumario administrativo relacionado con una causa penal por la falsificación de 30 certificados médicos. Faltaba al trabajo y lo justificaba con certificados de un médico al que le truchaba la firma.
La medida -a la que accedió Diario Textual- fue dispuesta mediante el Decreto N° 1698, fechado el 23 de septiembre de 2026 y publicado este viernes 2 de octubre en el Boletín Oficial N° 3747.
El Gobierno provincial resolvió aprobar lo actuado en el sumario administrativo y exonerar, a partir de la notificación del decreto, a la agente permanente Carina Anabel R., categoría 11, rama técnica, comprendida en la Ley N° 3488.
En marzo de este año, la jueza de control de General Pico, Jimena Cardoso, condenó a Carina Anabel R., de 48 años, técnica en laboratorio del Hospital Gobernador Centeno, por la falsificación de una treintena de certificados médicos. La mujer recibió una pena de prisión de ejecución condicional por los delitos de falsificación de instrumento privado en concurso ideal con fraude en perjuicio del Estado.
Además, la magistrada dispuso su inhabilitación perpetua para ocupar cargos o empleos públicos en la administración pública de La Pampa y le impuso reglas de conducta por dos años.
La sentencia se dictó en el marco de un acuerdo de juicio abreviado celebrado entre los fiscales Armando Agüero y Matías Juan, la imputada y su defensor particular, Facundo Rossi. En representación de los intereses del Estado, el Ministerio Público Fiscal prestó su consentimiento y también recabó la opinión del denunciante, un médico del mismo hospital, quien expresó su conformidad con el acuerdo y la solución adoptada para finalizar el proceso.
La jueza acreditó que, entre el 28 de enero y el 20 de octubre de 2025, la técnica confeccionó 30 certificados médicos falsos y los atribuyó a un médico cirujano del Hospital Gobernador Centeno.
Los certificados simulaban en forma íntegra la letra, el contenido, la firma y el sello del profesional. En ellos se consignaban supuestas atenciones médicas a la imputada, que nunca habían existido, junto con indicaciones de reposo por 24 horas o más y distintos diagnósticos.
El médico cuya firma fue falsificada declaró que nunca atendió a la mujer en ninguna de las fechas consignadas, ni le prescribió medicación, tratamiento o reposo.
Con esos certificados, la trabajadora intentó justificar sus inasistencias y conservar el presentismo, de modo que no se redujeran sus haberes. De esta manera, la administración pública provincial le abonó los salarios correspondientes a días en los que no había prestado servicios.
Según la Contaduría General de la provincia, el perjuicio económico fue de $10.890.905,61.
“Dicho engaño indujo a error a las personas encargadas de gestionar las licencias y liquidar los haberes. Como consecuencia de ese error, la administración pública dispuso el pago de los salarios correspondientes a días en que la imputada no prestó servicios, generando un perjuicio patrimonial efectivo”, expresó Cardoso.
La causa se inició a partir de la denuncia del propio médico, luego de que las autoridades de Salud Pública le solicitaran explicaciones por la cantidad de certificados emitidos a nombre de la mujer para justificar sus licencias. El profesional desconoció los documentos y realizó la denuncia que dio origen a la investigación penal.