La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analiza presuntas irregularidades en el ámbito de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia respondió al planteo del gobernador Sergio Ziliotto y resolvió continuar con la investigación sobre el caso del bebé que estaba bajo el cuidado de una familia de contención de Rancul y que, por decisión de la Justicia, fue entregado en adopción a otra pareja.
El cuerpo, según informó en un comunicado de prensa, ratificó que su actuación está circunscripta a los aspectos administrativos, funcionales e institucionales de los organismos provinciales y que no tiene como objetivo revisar, cuestionar o emitir opinión sobre las decisiones adoptadas por el Poder Judicial. También reiteró que no accederá a expedientes judiciales ni a información que se encuentre bajo reserva.
La comisión sostuvo, además, que el Poder Legislativo tiene entre sus atribuciones el control y la fiscalización de los actos del Poder Ejecutivo, por lo que consideró que el requerimiento de información forma parte de sus competencias y no implica una intromisión en las facultades de otro poder del Estado.
La respuesta de la comisión se produjo luego de la nota enviada por Ziliotto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, junto con un informe elaborado por los ministerios involucrados.
El Gobierno provincial había reconocido las facultades de control de la Legislatura, pero advirtió que deben ejercerse “dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico”, en especial cuando se trata de información vinculada con un niño y con datos relativos a su identidad, intimidad y vida familiar.
En ese sentido, el Ejecutivo había reclamado que se individualicen con precisión las actuaciones administrativas y las piezas concretas cuya consulta resultara necesaria, para evitar pedidos genéricos o indeterminados. También pidió que la Legislatura no requiriera documentación destinada a revisar decisiones judiciales ni información cuya competencia corresponda al Poder Judicial.
Nuevos pedidos a tres ministerios
A partir de las observaciones planteadas por el Gobierno provincial sobre la necesidad de precisar la información requerida, la comisión decidió realizar pedidos separados y específicos a los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y Salud.
Los requerimientos estarán delimitados de acuerdo con las competencias de cada organismo y tendrán un plazo de cinco días hábiles para ser contestados. En caso de que la cantidad o naturaleza de la documentación requiera más tiempo, los ministerios deberán comunicarlo y explicar las razones y el plazo estimado para completar la respuesta.
La comisión también informó que este martes contará con la presencia de las abogadas vinculadas con el caso y que continuará con la investigación dentro de las facultades que le fueron otorgadas, con resguardo de los derechos y la identidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados.
El caso del bebé de Rancul
La investigación legislativa se originó en el conflicto protagonizado por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, la familia de contención de Rancul que reclama la adopción del bebé que tuvo bajo su cuidado.
La pareja concurrió a la comisión y denunció presuntas “muchas irregularidades” por parte de funcionarios del Gobierno y de la Justicia. Sin embargo, el cuerpo legislativo aclaró que su investigación se concentra en los procedimientos administrativos vinculados con la entrega y posterior retiro del niño y no en el proceso judicial de adopción.
El bebé llegó a la familia el 20 de marzo de 2026, cuando tenía dos meses, bajo el programa de Familias de Contención, una medida excepcional y transitoria. Al asumir el cuidado, Díaz y Pizzani firmaron un acta en la que aceptaron las condiciones del programa, entre ellas que no podían convertirse en adoptantes del niño.
El 29 de junio, la Justicia declaró al bebé en estado de adoptabilidad y pidió al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA) el listado de familias en condiciones de adoptarlo. La pareja reclamó que el niño permaneciera con ellos y pidió la guarda con fines de adopción, planteos que fueron rechazados en distintas instancias judiciales.
El 7 de septiembre, la familia debía entregar al bebé. Fue hasta la Dirección de Niñez y manifestó que no lo daría. Luego, fue demorada por la Policía en Castex cuando intentaba dirigirse hacia Rancul. Finalmente regresó a Santa Rosa y el niño fue entregado, después de las 18.30, a la familia seleccionada para iniciar el proceso adoptivo.
Díaz y Pizzani denunciaron que el procedimiento fue violento y cuestionaron la forma en que se concretó el retiro. El Gobierno, en cambio, sostuvo que la intervención de Niñez tuvo como finalidad cumplir con la decisión judicial y que se procuró generar la situación “menos violenta” posible para el bebé.
La comisión está integrada por Sandra Fonseca, Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara. Su objetivo es determinar si existieron irregularidades administrativas o institucionales en la intervención de los organismos provinciales y, eventualmente, si corresponde establecer responsabilidades.