El rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Francisco Marull, destacó la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Gobierno nacional para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795). El fallo ordenó al Poder Ejecutivo su cumplimiento inmediato. “La Justicia confirmó lo que venimos sosteniendo: la ley está vigente y hay que cumplirla. Es una decisión judicial que le devuelve su lugar al Congreso y a la universidad pública”, expresó Marull.
El juez federal Martín Cormick, titular de ese juzgado, cuestionó el tramo del Decreto 759/2025 que había supeditado la ejecución de la ley a la determinación de sus fuentes de financiamiento. En consecuencia, dispuso que el Ejecutivo dicte las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para poner en marcha la normativa.
La sentencia hizo lugar a la acción de amparo colectiva promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, y a la causa acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). El proceso colectivo alcanza a docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes de las universidades públicas nacionales.
En sus fundamentos, Cormick sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y como una instancia de veto que no está contemplada por la Constitución Nacional. El magistrado consideró que, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial con la mayoría de dos tercios prevista en el artículo 83, el Ejecutivo debía promulgar la norma sin introducir una condición que impidiera su aplicación.
El juez también señaló que la propia Ley 27.795 establece pautas para su financiamiento y cuestionó que el Ejecutivo utilizara el artículo 5° de la Ley 24.629 para suspender su ejecución. Concluyó que el Decreto 759/2025, en el aspecto analizado, “no supera un test mínimo de razonabilidad”.
La Ley 27.795 había sido sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025. Luego fue vetada por el Ejecutivo, pero ambas cámaras insistieron con su sanción el 2 de octubre de ese año, con las mayorías agravadas previstas por la Constitución. El Poder Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/2025, publicado el 21 de octubre, aunque incorporó la cláusula que condicionaba su ejecución.
El nuevo fallo constituye la decisión de fondo luego de una medida cautelar dictada por el mismo juzgado el 23 de diciembre de 2025. Esa medida fue confirmada por la Cámara en marzo de 2026 y quedó firme en junio, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional.
“Esta sentencia fortalece la democracia porque muestra que el sistema de frenos y contrapesos funciona. Ya no hay argumentos para seguir demorando el financiamiento universitario”, sostuvo Marull.
En ese marco, la comunidad de la UNLPam se movilizará el próximo jueves 15 de octubre en Santa Rosa y General Pico, en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento y en defensa de la universidad pública.