La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa anunció que convocó a funcionarios de la Dirección de Niñez y Adolescencia por el llamado caso del bebé de Rancul. Están tratando de determinar si hubo o no irregularidades en los procedimientos administrativos vinculados con la entrega y posterior retiro del niño.
La comisión ya recibió las respuestas a los requerimientos de información oportunamente formulados a los Ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y Salud.
Asimismo, se incorporaron a la investigación el material audiovisual y fílmico correspondiente a los acontecimientos ocurridos el 7 de septiembre de 2026, solicitado formalmente a un medio de comunicación.
“La comisión -informó- ha resuelto avanzar hacia una nueva etapa de la investigación, disponiendo la convocatoria de los funcionarios de niñez, integrantes de los equipos técnicos y personal policial que intervino respecto a la familia de contención y participó en el procedimiento del día del egreso, a fin de complementar y brindar las aclaraciones que resulten necesarias”.
Las comparecencias se llevarán a cabo los días martes 20 y miércoles 21 conforme al cronograma que establezca la comisión.
La investigación legislativa se originó en el conflicto protagonizado por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, la familia de contención de Rancul que reclama la adopción del bebé que tuvo bajo su cuidado.
La pareja concurrió a la comisión y denunció presuntas “muchas irregularidades” por parte de funcionarios del Gobierno y de la Justicia. Sin embargo, el cuerpo legislativo aclaró que su investigación se concentra en los procedimientos administrativos vinculados con la entrega y posterior retiro del niño y no en el proceso judicial de adopción.
El bebé llegó a la familia el 20 de marzo de 2026, cuando tenía dos meses, bajo el programa de Familias de Contención, una medida excepcional y transitoria. Al asumir el cuidado, Díaz y Pizzani firmaron un acta en la que aceptaron las condiciones del programa, entre ellas que no podían convertirse en adoptantes del niño.
El 29 de junio, la Justicia declaró al bebé en estado de adoptabilidad y pidió al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA) el listado de familias en condiciones de adoptarlo. La pareja reclamó que el niño permaneciera con ellos y pidió la guarda con fines de adopción, planteos que fueron rechazados en distintas instancias judiciales.
El 7 de septiembre, la familia debía entregar al bebé. Fue hasta la Dirección de Niñez y manifestó que no lo daría. Luego, fue demorada por la Policía en Castex cuando intentaba dirigirse hacia Rancul. Finalmente regresó a Santa Rosa y el niño fue entregado, después de las 18.30, a la familia seleccionada para iniciar el proceso adoptivo.
Díaz y Pizzani denunciaron que el procedimiento fue violento y cuestionaron la forma en que se concretó el retiro. El Gobierno, en cambio, sostuvo que la intervención de Niñez tuvo como finalidad cumplir con la decisión judicial y que se procuró generar la situación “menos violenta” posible para el bebé.
La comisión está integrada por Sandra Fonseca, Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara. Su objetivo es determinar si existieron irregularidades administrativas o institucionales en la intervención de los organismos provinciales y, eventualmente, si corresponde establecer responsabilidades.
