La Policía reprimió a manifestantes durante la 5° Marcha Federal Universitaria, frente al Congreso de la Nación. Pasadas las 16, mientras algunos activistas de izquierda rompían bancos y tiraban piedras, la Policía arrojaba agua y gases lacrimógenos.
Pese a la represión que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei en la Quinta Marcha Universitaria, cientos de manifestantes siguieron reclamando por sus derechos.
Esta tarde, miles de personas se movilizaron con el objetivo de continuar con el reclamo de la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el Poder Legislativo. La jornada cuenta con el condimento de que se le sumó el intento de la oposición para derogar el DNU 70/2023, el mega decreto de Milei que desreguló cientos de actividades al inicio de su gestión.
El personal universitario llega a esta instancia de protesta con el aval de la Justicia y del Congreso, pero persiste el bloqueo del Gobierno de Javier Milei a la implementación de la norma que actualiza los sueldos, becas y fondos de la educación superior según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
En la previa a la protesta, la Justicia Federal le aplicó una multa de $ 100 mil diarios al jefe de Gabinete Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la ley.
Para 2026, el Gobierno prevé gastos por $ 6,2 billones en educación superior. Esto representa un incremento del 5% real con respecto a 2025, pero se ubica un 25,3% por debajo de 2023 (último año del Frente de Todos). Para igualar esos valores, el Ejecutivo debería invertir $ 8,3 billones este año.
En tanto, el Presupuesto 2027 prevé gastos por $ 7,5 billones (prácticamente sin cambios en términos reales con respecto a 2026), pero debería destinar $ 10 billones para igualar la inversión de 2023.
En los primeros 9 meses del año, el Gobierno ejecutó $ 4,2 billones en materia de educación superior, lo que representa el 69% del presupuesto de todo el año.
En materia de asistencia a los hospitales universitarios (motivo de reclamo del CIN a principios de año), los montos ejecutados hasta septiembre ($ 127 mil millones) superaron los gastos previstos ($ 114 mil millones) para todo 2026.
En tanto, el salario docente debería aumentar 32% para cumplir con la ley. En septiembre de 2026, un docente auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad percibió un salario de $ 421.236, según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). Esto implica una caída del 24,2% con respecto a noviembre de 2023.
A principios de junio, el Gobierno y los gremios universitarios acordaron aplicar un aumento del 24,3% a los salarios docentes y no docentes en 2 cuotas: en junio (21,3%) y octubre (3%).
Sin embargo, para cumplir con la Ley de Financiamiento (que prevé la actualización de los salarios por inflación desde noviembre de 2023), el salario debería aumentar un 32% extra, hasta alcanzar los $ 556.000.
