El proyecto de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, que el pasado miércoles por la medianoche logró una cómoda media sanción de la Cámara de Diputados tras sumar al PJ y a la mayoría de los bloques opositores, ya ingresó al Senado y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quiere convertirlo en ley durante el mes de noviembre.
Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la intención de la exministra de Seguridad es no demorar la aprobación de un tema que unificó de manera transversal al conjunto de las fuerzas políticas en la Cámara baja, y que demostró tener un impacto profundo en la opinión pública.
La iniciativa, además, tiene promotores al interior de la tropa oficialista, especialmente de dos diputadas muy cercanas a Bullrich como Laura Rodríguez Machado, quien le puso el cuerpo a las negociaciones, y Silvana Giudici, una articuladora clave en la estructura libertaria.
La nueva norma, que incorpora casi el 100% de los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año y que había sido insistida por la oposición tras el veto del presidente Javier Milei, generó divisiones al interior del propio Gobierno.
Con media sanción
El proyecto denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” replica prácticamente todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.
Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
Además se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria (atado al IPC), y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.
Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del Poder Ejecutivo.