El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) resolvió este lunes exonerar a Virginia Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que coordinó en la Argentina el proyecto internacional Sprint, dedicado a estudiar la presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo de las personas. La decisión quedó formalizada en la resolución 366 y constituye la sanción más grave prevista para el empleo público nacional. Implica su desvinculación del organismo y del sector público. Organizaciones vinculadas con los pueblos fumigados, integrantes de la comunidad científica, sindicatos y organismos de derechos humanos expresaron su rechazo a la medida.
La medida se fundamenta en presuntas irregularidades administrativas vinculadas con el ejercicio de sus funciones de coordinación y el manejo de recursos estatales. El sumario, iniciado en diciembre de 2023, concluyó con la aplicación de la sanción por la violación de dos prohibiciones contempladas en el artículo 24 de la ley marco de empleo público, informó el portal Bichos de Campo.
La resolución dispone en su artículo 11: “Aplícase a la agente Virginia Carolina APARICIO (Legajo N° 17.205) la sanción de EXONERACIÓN por la violación comprobada de las prohibiciones del artículo 24, incisos e) e i)”.
Uno de los fundamentos se relaciona con la participación de José Luis Costa, investigador retirado del Inta y conviviente de Aparicio, en tareas vinculadas con la conducción del proyecto y el acceso a datos reservados. El otro apunta al uso de recursos públicos para financiar actividades de la investigación, cuyos fondos europeos ingresaron en la contabilidad del organismo.
Los fundamentos de la sanción
Según la resolución, el inciso e) del artículo 24 prohíbe utilizar las facultades del cargo para fines ajenos a la función. El Consejo Directivo considera que Aparicio incurrió en esa infracción al otorgarle a Costa un papel particular en la coordinación y supervisión de datos del proyecto, sin la autorización formal del Inta ni la intervención correspondiente de los órganos de decisión del consorcio internacional.
El organismo sostiene que Costa integraba el grupo familiar de la investigadora en calidad de conviviente, condición que considera acreditada mediante las declaraciones juradas incorporadas a su legajo, en las que figura una unión de hecho desde septiembre de 2005.
La resolución cuestiona que la coordinadora le haya conferido a su pareja funciones de participación, conducción e inspección de información reservada sin formalizar esa intervención ni declarar específicamente el posible conflicto de intereses para que pudiera ser evaluado de manera independiente.
El documento señala que Costa estaba retirado del Inta y no mantenía un vínculo institucional vigente. Sin embargo, figuraba junto con Aparicio y otro integrante del equipo entre las personas habilitadas para inspeccionar los datos, incluso aquellos que no estaban codificados, de acuerdo con la documentación entregada a los voluntarios.
El segundo fundamento de la exoneración se refiere al inciso i), que sanciona el uso indebido del patrimonio estatal. En este punto, la resolución examina la administración de los fondos europeos destinados al proyecto.
Los registros consignan ingresos por 5.661.483,83 pesos, egresos por 5.527.359,58 pesos y un saldo de 134.124,25 pesos. Entre los gastos figura un pago de 1.688.445,82 pesos a la empresa World Courier, en julio de 2022, por el envío de muestras a los Países Bajos. El documento estima ese desembolso en 13.122,95 euros, de acuerdo con la cotización del Banco Central.
La propia resolución aclara que esos movimientos contables no permiten establecer, por sí solos, un perjuicio fiscal equivalente. También reconoce que su existencia y cuantía no fueron determinadas de manera fundada durante el procedimiento administrativo.
Entre los demás cuestionamientos, el Consejo Directivo reprocha a Aparicio haber reemplazado el comité de ética previsto en el acuerdo de subvención por el del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sin someter esa decisión a los órganos correspondientes del Inta.
También señala diferencias entre el protocolo original, que contemplaba 72 participantes distribuidos en tres grupos de 24 personas, y una presentación de junio de 2023, en la que se mencionaban 20 productores, 28 vecinos y 25 consumidores.
Aparicio había solicitado la nulidad del sumario y denunciado indefensión y trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó esos planteos al considerar que el procedimiento se desarrolló de manera regular y que se garantizó el derecho de defensa con asistencia letrada.
La resolución también respondió al argumento de la investigadora de que Violette Geissen, coordinadora general del consorcio internacional, conocía y avalaba el esquema de trabajo. Para el organismo, ese conocimiento o conformidad operativa no reemplazaba la formalización de las decisiones por las vías institucionales correspondientes.
El sumario alcanzó a otros integrantes del Inta. Algunos recibieron suspensiones, mientras que otros fueron eximidos de responsabilidad. La diferencia entre esas sanciones y la exoneración de Aparicio fue uno de los aspectos cuestionados por su defensa.
El proyecto Sprint y los resultados sobre plaguicidas
Aparicio trabaja desde 1997 en la Estación Experimental Agropecuaria del Inta en Balcarce. Durante su trayectoria desarrolló investigaciones sobre plaguicidas, suelos, agua y prácticas orientadas a reducir el uso de sustancias químicas en la producción agrícola.
En 2020, el organismo aprobó su participación en Sprint, un proyecto internacional financiado por la Unión Europea y coordinado por investigadores de la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. La iniciativa reunió a equipos de distintos países para estudiar la presencia de plaguicidas y sus mezclas en el ambiente, los animales, los alimentos y las personas.
Durante 2021 se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense, entre productores agropecuarios, trabajadores rurales y consumidores. También se analizaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos.
Entre los resultados difundidos se informó la detección de glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas. El trabajo también identificó mezclas de plaguicidas, con el objetivo de caracterizar la exposición a esas sustancias en el ambiente y en la vida cotidiana.
La presencia de residuos en las muestras no demuestra, por sí sola, que las sustancias detectadas hayan causado enfermedades en las personas participantes. El estudio buscaba caracterizar las exposiciones y aportar información para evaluar sus posibles efectos.
La propia resolución del Inta cita un documento del proyecto Sprint, el entregable D2.4, publicado el 28 de febrero de 2023. Según ese informe, ninguna de las ingestas de glifosato calculadas superó la ingesta diaria admisible de referencia en los grupos estudiados.
Los autores consideraron que los niveles estimados no deberían representar un riesgo potencial para la salud según ese criterio. Al mismo tiempo, advirtieron que los datos sanitarios disponibles no eran adecuados para realizar un análisis epidemiológico.
En junio de 2023, el Inta frenó la presentación institucional de los resultados argentinos. En diciembre de ese año, el organismo dispuso la salida del proyecto y abrió el sumario administrativo contra Aparicio.
El procedimiento se prolongó durante casi tres años e incluyó ocho imputaciones administrativas. La investigadora cuestionó las acusaciones y sostuvo que el proceso afectaba su derecho de defensa y su continuidad profesional.
Cuando en septiembre de este año trascendió que el organismo avanzaba hacia la sanción máxima, organizaciones vinculadas con los pueblos fumigados, integrantes de la comunidad científica, sindicatos y organismos de derechos humanos expresaron su rechazo a la exoneración.
En una entrevista con Bichos de Campo, Aparicio describió el aislamiento que experimentaba dentro de la institución con una frase: “Parezco un poco leprosa en los pasillos del Inta”.
El caso también generó cuestionamientos por la interrupción de la devolución institucional de los resultados a los voluntarios argentinos, mientras los informes científicos del proyecto continuaron circulando en publicaciones internacionales.
El 15 de octubre, antes de que se conociera la resolución definitiva, Aparicio presentó personalmente los resultados de sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce. La exposición permitió divulgar una investigación cuya presentación institucional había sido frenada en 2023.
Con la exoneración ya dispuesta, la controversia entra en una nueva etapa. La defensa había cuestionado la legalidad y la proporcionalidad de la sanción y anticipado que recurriría a la Justicia si se confirmaba la medida.
La decisión no solo define la situación laboral de Aparicio en el Inta. También mantiene abierto el debate sobre el tratamiento institucional de los resultados de investigaciones ambientales, el acceso a la información sobre la exposición a plaguicidas y las garantías que deben regir los procedimientos disciplinarios contra investigadores del sistema público.