La Pampa dio un nuevo paso en materia de derechos educativos con la aprobación de la ley que establece la obligatoriedad de la sala de 3 años a partir de 2027. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Sergio Ziliotto, fue votada este jueves, por unanimidad, en la Legislatura.
El gobernador Sergio Ziliotto celebró que todos los bloques hayan votado la ley. “Hoy es un día histórico para La Pampa! La educación a partir de los 3 años será obligatoria desde 2027”, dijo por X. “Mi agradecimiento a las Diputadas y Diputados provinciales que por unanimidad hicieron Ley nuestra propuesta”, agregó.
La iniciativa profundiza la política educativa que la Provincia viene desarrollando en primera infancia y permitirá garantizar un mínimo de 15 años de escolaridad obligatoria.
En septiembre, el Poder Ejecutivo Provincial remitió a la Legislatura el proyecto para cambiar la Ley de Educación Provincial N° 2511 para establecer la obligatoriedad de la educación desde los tres años.
Actualmente, la Ley N° 2511 establece que la Educación Inicial comprende a niñas y niños desde los 45 días hasta los cinco años inclusive, pero determina como obligatorios únicamente los dos últimos años, correspondientes a las salas de 4 y 5 años.
La normativa vigente también dispone que el Estado provincial debe garantizar la universalidad de los servicios educativos gratuitos para niñas y niños de tres años, con prioridad para los sectores sociales más desfavorecidos y con el objetivo de igualar oportunidades.
La extensión de la obligatoriedad, argumentó, busca garantizar el derecho a la educación desde edades más tempranas y fortalecer la igualdad de oportunidades, independientemente de las condiciones sociales o económicas de cada familia.
Alcance
Durante el tratamiento de la iniciativa, el diputado Daniel Lovera destacó el alcance de esta decisión y puso el acento en la educación como una herramienta fundamental para construir una sociedad con mayor igualdad de oportunidades.
En su intervención en la Legislatura provincial, Lovera remarcó que la nueva normativa representa mucho más que una modificación del sistema educativo. “No estamos hablando solamente de modificar una disposición legal. Estamos hablando de ampliar el alcance de una responsabilidad educativa que involucra al Estado, a las instituciones y a las familias”, expresó.
Un derecho que debe convertirse en una oportunidad real
La provincia cuenta actualmente con una cobertura del 75 % de los niños y niñas de 3 años en el nivel inicial. La nueva ley permitirá avanzar hacia la incorporación de quienes todavía no concurren, transformando la universalización de la oferta educativa en una obligación de escolarización.
Lovera destacó que este avance debe estar acompañado por políticas públicas que garanticen las condiciones necesarias para su cumplimiento.
“No alcanza con establecer una obligación por ley. Es indispensable que existan las condiciones materiales, pedagógicas e institucionales que permitan cumplirla”, afirmó.
En ese sentido, valoró las acciones presentadas por el Ministerio de Educación provincial en materia de infraestructura, formación docente, diseños curriculares, equipamiento y materiales didácticos.
La igualdad de oportunidades comienza en la primera infancia
Uno de los ejes centrales de la exposición del legislador fue la importancia de garantizar experiencias educativas de calidad desde los primeros años de vida.
Lovera señaló que la educación inicial cumple un papel fundamental en el desarrollo del lenguaje, las capacidades cognitivas, los vínculos afectivos y las habilidades sociales y emocionales.
Además, remarcó que la sala de 3 años tiene una identidad pedagógica propia, en la que el juego, la exploración, la expresión y la convivencia constituyen herramientas esenciales para el aprendizaje.
Desde esta perspectiva, sostuvo que ampliar el acceso a la educación inicial también significa generar mejores condiciones para reducir desigualdades sociales desde edades tempranas.
Una ley para todos los rincones de La Pampa
El diputado también hizo especial hincapié en la necesidad de contemplar las particularidades territoriales de la provincia.
Las grandes distancias, las pequeñas localidades y las diferentes realidades familiares plantean desafíos que deberán ser atendidos para garantizar que la nueva obligatoriedad alcance efectivamente a todos los niños y niñas pampeanos.
“El desafío será que esa obligación legal se corresponda con una posibilidad real de acceso, independientemente del lugar donde viva cada niño o de las condiciones sociales y económicas de su familia”, sostuvo Lovera.
Más derechos para las infancias, más acompañamiento para las familias
Durante su exposición, Lovera también destacó que ampliar la educación inicial tiene un impacto positivo en la vida cotidiana de las familias.
La disponibilidad de instituciones educativas públicas, gratuitas y de calidad representa un acompañamiento importante para la organización de las responsabilidades de cuidado, especialmente para las mujeres, sobre quienes todavía recae una parte significativa de esas tareas.
De esta manera, la nueva legislación no solo amplía las oportunidades educativas de las infancias, sino que también contribuye a generar mejores condiciones para la organización familiar y laboral.
Una inversión en el futuro de la provincia
Hacia el cierre de su intervención, Lovera recordó que La Pampa viene construyendo un recorrido de ampliación de derechos educativos, con antecedentes como la adecuación de la normativa provincial sobre educación inicial realizada en 2017.
En ese marco, destacó la importancia de continuar fortaleciendo el sistema educativo público y garantizar que cada avance legislativo tenga una aplicación concreta en todo el territorio.
“La educación inicial es una inversión cuyos resultados no siempre pueden medirse de manera inmediata. Sus efectos se construyen a lo largo del tiempo, en las experiencias, los aprendizajes y las oportunidades que acompañan a cada niño durante su desarrollo”, señaló.
Finalmente, el diputado dejó planteada una reflexión que sintetiza el sentido de la nueva legislación: garantizar que el lugar de nacimiento, la situación económica familiar o las condiciones territoriales no determinen las oportunidades educativas de los niños y niñas.