El ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa, Guido Bisterfeld, fue este lunes a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura provincial para explicar el proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo para reestructurar partidas presupuestarias por $108 mil millones para garantizar el financiamiento de servicios esenciales, el pago de salarios de los agentes públicos y los haberes de jubilados y pensionados provinciales.
“Esta reestructura es fundamentalmente para hacer frente al efecto inflacionario y cubrir salarios y caja previsional. Una parte de los recursos los tenemos y otra es la proyección que hacemos”, dijo el funcionario.
El proyecto del Gobierno provincial busca dar respuesta a la fuerte caída de los ingresos públicos, en un contexto marcado por el deterioro de la actividad económica y la consecuente reducción de los recursos disponibles para afrontar los gastos del Estado.
Según los fundamentos de la iniciativa, la disminución de la recaudación obliga a generar mecanismos que permitan sostener las funciones esenciales de la administración provincial. En ese marco, el Ejecutivo solicitó a la Legislatura facultades para utilizar de manera transitoria recursos afectados a determinados fines, con el objetivo de reforzar las partidas destinadas a cubrir gastos prioritarios.
Entre los principales destinos de esos fondos se encuentran los servicios de salud, educación y alimentación, además de garantizar el pago del sueldo anual complementario (SAC) a los trabajadores estatales y a los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social (ISS).
La propuesta también contempla un incremento de partidas presupuestarias para adecuar los recursos y los gastos a la evolución de los precios. El Ejecutivo argumentó que el proceso inflacionario superó las proyecciones contempladas tanto en el Presupuesto nacional como en el provincial, aunque en este último caso la diferencia fue menor.
La iniciativa se presenta en un escenario de dificultades financieras para las provincias, atravesadas por la caída de la actividad económica y la necesidad de sostener las prestaciones estatales y las obligaciones salariales.