La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno de Javier Milei recibió fuertes cuestionamientos de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Eduardo Quiroga, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), advirtió que el proyecto aprobado por el Senado y pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados representa un retroceso en el modelo de atención, fomenta el retorno de los manicomios, amplía las posibilidades de internaciones involuntarias y no contempla una inversión de recursos que permita responder a la creciente demanda de atención.
En una entrevista con Radio Textual (por Radio Kermés), Quiroga sostuvo que la iniciativa implica volver a un esquema que ya demostró ser ineficaz y planteó que los problemas actuales del sistema no se resuelven modificando la ley, sino garantizando su cumplimiento y aumentando el financiamiento.
Uno de los datos más contundentes que aportó el representante de ACIJ está relacionado con el presupuesto nacional. Según señaló, el proyecto de presupuesto para 2027 asigna apenas el 1,35% del gasto total en salud a salud mental, el porcentaje más bajo de la actual gestión. La cifra está muy lejos del 10% mínimo que establece la Ley Nacional de Salud Mental para los recursos destinados al área.
“Modificar la ley en sí no va a mejorar eso y podría empeorarlo”, advirtió Quiroga, quien consideró que la falta de implementación de la normativa vigente constituye uno de los principales problemas del sistema.
La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, estableció un cambio de paradigma en la atención, con el objetivo de dejar atrás un modelo centrado en los hospitales psiquiátricos y avanzar hacia una red de atención comunitaria, con participación de hospitales generales, centros de salud y dispositivos que favorezcan la inclusión social.
Según explicó Quiroga, ese enfoque contempla tanto la atención ambulatoria como las internaciones en hospitales generales, además de dispositivos residenciales, cooperativas de trabajo y abordajes interdisciplinarios.
Sin embargo, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca volver a habilitar los hospitales psiquiátricos como espacios de internación y modificar los criterios para las internaciones involuntarias.
La legislación vigente contempla las internaciones sin consentimiento cuando existe un riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. Se trata de una medida excepcional, sujeta a garantías específicas debido a las restricciones a la libertad que implica.
Para Quiroga, la reforma amplía los supuestos en los que podrían aplicarse estas internaciones y genera cuestionamientos por su compatibilidad con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
“Lo que hace esta reforma es volver atrás con todos estos avances”, afirmó.
El integrante de ACIJ también alertó sobre las consecuencias que podría tener el cambio en las provincias, que tienen a su cargo una parte central de la prestación de los servicios sanitarios. Si bien reconoció el carácter provincial del sistema de atención, remarcó que el Estado nacional debe cumplir un papel fundamental en el financiamiento, la coordinación y la garantía de igualdad en el acceso a la salud.
En ese sentido, sostuvo que el modelo basado en hospitales psiquiátricos requiere recursos que no necesariamente se traducen en mejores respuestas para la población. Por eso, advirtió que las provincias podrían verse obligadas a reorganizar sus sistemas de atención sobre una base que, según su evaluación, no resulta efectiva.
La ley nacional funciona como un marco obligatorio y una guía para organizar las redes de atención en todo el país. Un cambio en esa orientación, planteó Quiroga, también tendría consecuencias sobre los sistemas sanitarios provinciales.
Otro de los puntos señalados por ACIJ es la ausencia de un proceso amplio de consulta con las organizaciones durante el debate en el Senado.
Quiroga cuestionó que las modificaciones al proyecto original no fueran discutidas con una participación federal de profesionales, usuarios, familiares y organizaciones vinculadas con la salud mental.
“Esperamos que en Diputados sí se promueva” un proceso participativo, expresó. La entidad prevé enviar notas a legisladores y solicitar instancias de participación para exponer sus objeciones antes de que avance el tratamiento de la iniciativa.
El representante de ACIJ recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece obligaciones de participación en las políticas públicas que afectan a ese colectivo.
Además, señaló que las organizaciones ya llevaron sus preocupaciones a instancias internacionales. En agosto, según relató, plantearon sus objeciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también informaron a organismos de Naciones Unidas sobre la posible incompatibilidad del proyecto con los estándares internacionales de derechos humanos.
Si la reforma se convierte en ley, agregó, existe la posibilidad de cuestionar judicialmente su constitucionalidad.
La discusión se produce en un contexto de creciente demanda de atención en salud mental. Quiroga mencionó relevamientos realizados en 16 provincias que muestran aumentos significativos de problemáticas como ansiedad, angustia, depresión y consumo de sustancias, en un escenario atravesado por las dificultades del sistema sanitario y la sobredemanda del sector público.
También hizo referencia a los datos sobre suicidios en el país y sostuvo que la respuesta estatal debe estar a la altura de la magnitud del problema.
Para el integrante de ACIJ, las dificultades para garantizar una atención adecuada no pueden atribuirse a la ley sancionada en 2010, sino a las deficiencias en su implementación y a la falta de recursos para sostener las políticas previstas.
En ese marco, consideró que una reforma normativa no alcanzará para mejorar las prestaciones si no está acompañada por inversiones y por un compromiso efectivo de los poderes ejecutivos para desarrollar los dispositivos de atención.