El golpe de suerte de Manuel Adorni llegó a la Justicia. El fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga la causa por supuesto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete, pidió que el aumento patrimonial del exfuncionario sea investigado como una posible evasión tributaria. Según el fiscal, no se pudo descartar que los “gastos postergados” de Adorni se hubieran producido antes de su llegada a la función pública.
De todas maneras, publicó Página/12, el pedido de la fiscalía no implica el sobreseimiento del exvocero presidencial. La prueba recabada hasta el momento no permite concluir que los 400.000 dólares que Adorni gastó de manera intempestiva hayan sido obtenidos por vías ilegales. La puerta queda abierta para investigarlo por no haber declarado ese dinero.
La decisión de la Justicia llega después del sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros diez acusados en la causa $LIBRA, que investigaba posibles delitos económicos vinculados con el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda. De todas maneras, el sobreseimiento ya fue apelado por dos ONG que impulsan la reapertura de la investigación.
El dictamen del fiscal Gerardo Pollicita detalló una diferencia no justificada entre los ingresos lícitos registrados y los egresos del patrimonio de Manuel Adorni, además de consumos por 400.000 dólares abonados en efectivo. Adicionalmente, los bienes adquiridos con esas transacciones fueron incorporados tardíamente en sus declaraciones juradas.
La defensa justificó ese patrimonio con ganancias producto de inversiones en ocho billeteras virtuales, en las que el exvocero presidencial habría invertido en criptomonedas entre 2014 y 2018. Esa inversión inicial se habría financiado con ahorros familiares, que habrían generado una ganancia de casi 600.000 dólares, conservados “debajo del colchón”.
Para la fiscalía, no se puede descartar que ese capital inicial se hubiera generado antes del ingreso de Adorni al Estado. Tampoco se comprobó que proviniera de una fuente ilícita vinculada con su cargo público. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de investigar esos ahorros mantenidos “por fuera del radar de ARCA”, sin declararlos ante el fisco en los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales entre 2014 y 2026.
De esta manera, el fiscal Pollicita concluyó que el hecho encuadra en una infracción al Régimen Penal Tributario por presunta ocultación maliciosa de bienes e ingresos. Por ese motivo, solicitó que el fuero federal se declarara incompetente por razón de la materia y remitiera el caso a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
Finalmente, la fiscalía pidió investigar penalmente por infracciones tributarias a los contratistas y desarrolladores Leandro Miano, Pablo Feijoo y Matías Tabar. También solicitó que se le requirieran explicaciones a la escribana Adriana Mónica Nechevenko por irregularidades en las escrituras del exvocero.
