El caso de Virginia Aparicio, la única investigadora que fue “exonerada” en 70 años de historia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), generó una fuerte discusión en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam): el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía, con el impulso del oficialismo de esa casa de estudios, rechazó y bloqueó una declaración de repudio a la exoneración. En tanto, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales salió a cuestionar el despido e impulsó que, por unanimidad, el Consejo Superior de la UNLPam que exprese “su más enérgico repudio a la sanción impuesta” a la investigadora Aparicio.
Aparicio fue la coordinadora en Argentina del Proyecto Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal), un estudio internacional financiado por la Unión Europea que midió de manera integral los residuos de plaguicidas en 11 países (Argentina fue el único participante fuera de Europa).
Su investigación analizó muestras de suelo, agua, aire, alimentos y fluidos humanos (sangre, orina y materia fecal) en personas voluntarias de zonas rurales de la provincia de Buenos Aires. Los resultados revelaron altos niveles de exposición a agrotóxicos, detectando sustancias como el glifosato en el 100% de las muestras de materia fecal y en el 86% de las muestras de sangre analizadas en el país, superando ampliamente los promedios europeos.
En octubre de 2026, el Consejo Directivo del INTA dictó su exoneración, la sanción más severa del empleo público, que implica su expulsión definitiva e inhabilitación para ejercer cargos en la Administración Pública Nacional.
El organismo basó la sanción en un sumario por presuntas irregularidades administrativas vinculadas a la gestión del proyecto:
- Falta de autorización de colaboradores: Se le cuestionó haber otorgado roles de coordinación clave a una persona que no tenía un vínculo laboral vigente con el instituto (específicamente su pareja, un ex-investigador ya retirado del INTA).
- Manejo de fondos internacionales: Se señalaron desvíos u decisiones operativas no autorizadas en el uso de los fondos europeos de la investigación, como los destinados al envío de muestras biológicas a laboratorios en el exterior. (Nota: La misma resolución del INTA reconoce que esto no generó un perjuicio económico comprobado al Estado ni un beneficio patrimonial directo para Aparicio).
- Desvíos de protocolo y vía jerárquica: El organismo adujo que se violaron normas internas respecto a la confidencialidad, la canalización de datos sin aval de autoridades sanitarias y la modificación de protocolos establecidos.
Tanto Virginia Aparicio como diversos sectores ambientalistas, gremiales y facultades universitarias (incluyendo comunicados de repudio de universidades públicas) sostienen que las faltas administrativas son un pretexto infundado para encubrir un acto de persecución institucional y censura científica. Argumentan que el conflicto real comenzó tras la difusión de los alarmantes hallazgos sobre plaguicidas.
El caso en Exactas y Naturales
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales expresó su repudio a la exoneración de la doctora Aparicio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y reclamó a sus autoridades la revisión de tal medida.
A partir de un proyecto impulsado desde el Decanato de la Facultad, el Consejo pidió al Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa que exprese “su más enérgico repudio a la sanción impuesta a la investigadora Aparicio”.
La iniciativa de Exactas y Naturales, plasmada en la Resolución CD 456, fue votada en forma unánime por las y los consejeros presentes.
El cuerpo universitario advirtió que Aparicio “ha sido sancionada con la exoneración en un contexto de marcadas tensiones institucionales y presiones extra-científicas”, desatadas a partir de la difusión de los datos preliminares del proyecto internacional SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach / Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), una iniciativa financiada por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y aprobada por el Consejo Directivo del INTA.
Esos resultados preliminares, recordó el CD, “evidenciaron la presencia de plaguicidas en personas, suelos, aguas superficiales y subterráneas, alimentos y polvo hogareño de zonas rurales bonaerenses”.
Las “presuntas irregularidades o las observaciones de carácter administrativo” esgrimidas en el sumario contra Aparicio “no pueden considerarse pretexto suficiente para dar de baja líneas de investigación estratégicas para el país ni pueden anteponerse al valor de los resultados obtenidos”.
Por el contrario, medidas disciplinarias como la exoneración de una investigadora “atentan contra la libertad de investigación y el derecho colectivo de la sociedad a acceder al conocimiento científico y a la información pública ambiental”, dos pilares indispensables para la tutela efectiva del derecho humano a la salud y a un ambiente sano y equilibrado consagrados en el artículo 41 de la Constitución Nacional, remarcó el Consejo Directivo de la Facultad.
“Este Cuerpo no puede permanecer indiferente ante actos de persecución laboral, disciplinamiento y censura dirigidos a investigadores e investigadoras que abordan problemáticas socioambientales sensibles vinculadas a los modelos productivos hegemónicos”, fundamentó el órgano al expresar su repudio, solicitar al Consejo Superior Superior de la UNLPam una manifestación similar y exigir la revisión de la medida sancionatoria contra la doctora Aparicio.
La situación en Agronomía
En la Facultad de Agronomía no hubo una declaración por parte del consejo directivo. Según dijeron desde la agrupación Horizonte, se debió a que lo impidió la decana María Lía Molas.
“Desde la agrupación Horizonte expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión del oficialismo del Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa de no acompañar el proyecto de resolución que presentamos para manifestar el rechazo a la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del CONICET, y reafirmar la defensa de la libertad de investigación científica”, expresaron.
“La iniciativa, tratada en la sesión del 6 de noviembre, proponía expresar la preocupación institucional ante una sanción de extrema gravedad, reclamar el respeto al debido proceso, al derecho de defensa y a la proporcionalidad de las medidas disciplinarias, así como resguardar las condiciones necesarias para investigar y comunicar resultados científicos con independencia”, resumieron.
“Consideramos especialmente grave que el oficialismo de nuestra Facultad haya decidido no acompañar una declaración institucional. No se trataba de desconocer las competencias administrativas del INTA ni de sustituir sus procedimientos, sino de defender principios fundamentales para cualquier institución universitaria: la libertad científica, la independencia de criterio, el derecho a comunicar resultados y las garantías de un procedimiento justo y transparente”, advirtieron.
“Recientemente, el reconocido docente de nuestra casa de estudios e investigador del INTA Beto Quiroga reflexionó públicamente sobre la necesidad de preservar la independencia de los profesionales vinculados al agro frente a los intereses económicos y las presiones que pueden condicionar sus recomendaciones”, dijeron. “Su planteo resulta particularmente oportuno: esa independencia no puede ser solamente una responsabilidad individual de quienes ejercen la profesión. También debe ser un compromiso efectivo de las instituciones que forman profesionales, producen conocimientos y promueven su aplicación”.
“La Facultad de Agronomía tiene una responsabilidad particular en este sentido. Su vinculación con el sector productivo, las empresas y las instituciones científicas debe construirse sobre la autonomía académica, el pensamiento crítico y la posibilidad de investigar y expresar resultados, incluso cuando estos resulten incómodos o cuestionen prácticas e intereses establecidos”, resaltaron.
“En un contexto nacional de debilitamiento del sistema científico y tecnológico público, creemos que las universidades deben asumir un papel activo en la defensa de estos principios. No podemos promover la formación de profesionales críticos e independientes y, al mismo tiempo, dejar pasar la oportunidad de pronunciarnos institucionalmente cuando esos valores están en discusión”, reflexionaron.
“Lamentamos que la Decana y el resto del oficialismo hayan impedido una declaración sobre una cuestión que, a nuestro entender, debería trascender cualquier posicionamiento político”, manifestaron. “Desde Horizonte reafirmamos nuestro compromiso con una Facultad de Agronomía que defienda la ciencia pública, la libertad de investigación, la autonomía profesional y la responsabilidad social del conocimiento. No solo mediante sus discursos, sino también a través de sus decisiones”, finalizaron.
