La caza de jabalíes con jauría sigue vigente en La Pampa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja presentada por la defensora civil Ana Carolina Díaz contra la normativa que habilita este tipo de caza, con perros, en La Pampa. De esa manera, quedó firme el rechazo del amparo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial.
Sin embargo, según el fallo al que accedió Diario Textual, el máximo tribunal nacional aclaró expresamente que su decisión no implicaba pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad de la ley provincial 1194, porque esa norma no había sido cuestionada en la demanda ni había sido materia de decisión durante el proceso.
La acción de amparo había sido promovida por Díaz, en representación del Ministerio Público de la Defensa, con el objetivo de obtener la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la normativa provincial que permite utilizar perros, en forma individual o en jaurías, para la práctica de la caza deportiva. En particular, cuestionó el artículo 26 del decreto 2218/94, reglamentario de la ley 1194, y las disposiciones dictadas a partir de ese precepto.
En primera instancia, el Juzgado Civil 5 con sede en Santa Rosa rechazó el amparo. Luego, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería hizo lugar al planteo y declaró la inconstitucionalidad de la normativa cuestionada. Sin embargo, el STJ pampeano revirtió esa decisión, hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la Provincia y volvió a rechazar la acción.
Para fundamentar su resolución, los integrantes del STJ sostuvieron que la ley 1194 no prohíbe la utilización de jaurías para las distintas modalidades de caza que autoriza, ni establece restricciones respecto de los medios que pueden emplearse. En consecuencia, entendieron que el Poder Ejecutivo no se había excedido en sus facultades al reglamentar la actividad. “De acuerdo a ello y atendiendo la manda constitucional de que ningún habitante será privado de hacer lo que la ley no prohíbe (art. 19 de la CN), se colige que no hubo por parte del Poder Ejecutivo un exceso en su función reglamentaria”, señalaron los magistrados.
Los argumentos de la Procuración
En el dictamen que sirvió de fundamento para la decisión de la Corte, la Procuración General consideró que el recurso extraordinario presentado por la defensora era formalmente inadmisible. Sostuvo que los agravios remitían al examen de cuestiones regidas por el derecho público provincial y que no se había acreditado un supuesto de arbitrariedad en la sentencia del STJ.
Uno de los argumentos centrales fue que la demanda no había cuestionado concretamente el marco normativo que habilita la actividad de caza deportiva, sino una disposición específica del decreto reglamentario: el artículo 26, referido a las condiciones de traslado de las jaurías. Ese artículo establece que “El tránsito con jaurías de caza se efectuará en vehículos con caja cerrada en laterales y techo, o bien en jaulas de tal manera que no puedan salir de los rodados sin ayuda externa. Los canes estarán embozalados”.
La Procuración destacó que el STJ había considerado que esa disposición constituye un reglamento de ejecución y que el Poder Ejecutivo provincial no se excedió en sus atribuciones al dictarla. Para ello, tuvo en cuenta que la ley 1194 no prohíbe el empleo de jaurías y que, en sus disposiciones, hace referencia a los “medios autorizados” y a “otros medios apropiados”, sin establecer salvedades sobre la utilización de perros.
También señaló que la defensora no había impugnado los artículos de la ley que regulan los distintos tipos de caza. Por ese motivo, entendió que el planteo no alcanzaba para demostrar que el decreto reglamentario careciera de sustento legal.
En otro tramo, el dictamen sostuvo que los cuestionamientos vinculados con el sufrimiento de los animales y la protección de la biodiversidad expresaban una posición contraria a lo resuelto por el tribunal provincial, pero no lograban refutar los argumentos jurídicos en los que se había basado la sentencia ni demostrar que careciera de fundamentación suficiente.
La Procuración también abordó los planteos referidos a la presunta violación de las leyes nacionales 14.346, de maltrato animal; 22.421, de conservación de la fauna silvestre, y 25.675, de política ambiental nacional, además de distintos artículos de la Constitución Nacional, del Código Civil y Comercial y de convenios internacionales sobre diversidad biológica.
Al respecto, advirtió que la invocación genérica de derechos constitucionales no era suficiente para habilitar la instancia extraordinaria. Explicó que el artículo 15 de la ley 48 exige que la cuestión federal tenga una relación directa e inmediata con la materia discutida en el expediente.
“En efecto, tal como fue advertido por los jueces de la causa, en autos sólo se cuestiona la norma que establece las condiciones en las que deben ser trasladados los perros y las disposiciones que habilitan la temporada de caza, sin efectuar una concreta impugnación del marco normativo que les otorga sustento”, indicó el dictamen.
Por esa razón, concluyó que las normas nacionales invocadas por la defensora no guardaban una relación directa ni inmediata con lo que había sido materia concreta de decisión en el expediente. En consecuencia, la Procuración opinó que correspondía declarar inadmisible la queja.
El debate sobre los derechos de los animales
En su fallo, el STJ también había reconocido la existencia de un nuevo paradigma en el derecho ambiental y el debate sobre el estatus jurídico de los animales. Los magistrados señalaron que los animales, como seres sintientes y cualquiera sea su especie, constituyen componentes esenciales del ambiente y que existe una discusión en distintas disciplinas para que sean reconocidos como sujetos de derecho no humanos.
Sin embargo, entendieron que la discusión planteada debía darse en el ámbito legislativo, donde podría abordarse de manera amplia e integral, en resguardo del principio de división de poderes.
La Corte Suprema, al desestimar la queja por remisión a los fundamentos y conclusiones del dictamen de la Procuración, dejó firme el rechazo del amparo. Pero no declaró la constitucionalidad de la ley 1194 ni se pronunció sobre la validez general de la caza con jauría: aclaró expresamente que esa cuestión no había sido materia de debate y decisión en el proceso.
