Beatriz Dillon, profesora de Geografía, realizó un posteo con imágenes y videos de cómo se ve actualmente el cauce del río Atuel con los 3,2 metros cúbicos por segundo que ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en 2020 y que aún el gobierno de Mendoza no cumple.
“Estos son los 3,2 metros cúbicos por segundo que dictaminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el Rio Atuel en el límite de La Pampa con Mendoza. Imaginen este caudal mínimo, interino, permanente y de calidad junto con el Salado-Chadileuvú”, expresó la docente pampeana. “Con unos años corriendo juntos, ambos, activarían la cuenca entera. El reclamo no es solo por el Atuel es también por el Salado. La desidia y el acaparamiento hacen que todo nuestro oeste siga sufriendo el daño hídrico ambiental más grande de América”, agregó.
A principios de mes, la Corte Suprema de Justicia reactivó el proceso judicial por el que La Pampa reclama la restitución del río Atuel y solicitó a las partes que, en un plazo de 20 días, informen si alcanzaron algún acuerdo parcial en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (Ciai).
En otras palabras, la CSJN le pidió a Mendoza que informe si cumplió el fallo que la obliga a largar continuamente agua a La Pampa.
La resolución del tribunal supremo también requiere que las jurisdicciones involucradas describan las actividades desarrolladas desde la sentencia que el máximo tribunal dictó en 2020, con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de lo ordenado.
El conflicto por el río Atuel lleva casi ocho décadas. El punto de quiebre fue 1947, cuando se inauguró el primer dique El Nihuil, en Mendoza. El llenado de la represa interrumpió el último brazo del río que todavía llegaba a La Pampa.
En agosto de ese año, Ángel Garay, encargado del destacamento policial de Paso de los Algarrobos, envió un telegrama al presidente Juan Domingo Perón para denunciar la falta de agua, la pérdida de animales y las dificultades que atravesaban los pobladores del oeste pampeano.
Como consecuencia de aquellos reclamos, en 1949 se dictó la Resolución 50/49, que dispuso tres sueltas anuales de agua de siete días cada una para abastecer a las poblaciones y al ganado, regar praderas naturales y alimentar represas y lagunas. La medida no consiguió restablecer el escurrimiento regular.
Las consecuencias ambientales y sociales fueron profundas. La Pampa estima que el corte provocó la desertificación de 1,5 millones de hectáreas y el éxodo de centenares de pobladores del oeste provincial.
El conflicto llegó a la Corte Suprema en 1979. En diciembre de 1987, el máximo tribunal declaró que el Atuel es un río interprovincial y exhortó a ambas provincias a acordar un uso razonable y equitativo. Sin embargo, rechazó la acción posesoria de La Pampa y mantuvo los usos consuntivos que Mendoza tenía entonces.
En 2014, La Pampa presentó una nueva demanda por daño ambiental colectivo. El 1 de diciembre de 2017, la Corte rechazó el planteo de cosa juzgada de Mendoza y ordenó a las provincias y al Estado nacional determinar un caudal apto para recomponer el ecosistema y elaborar un programa de obras.
Finalmente, el 16 de julio de 2020, estableció una meta interina de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre ambas provincias. También ordenó determinar las obras necesarias y establecer un sistema de monitoreo ambiental.
Ahora, más de seis años después, la Corte reactivó el expediente y dio 20 días a las jurisdicciones para informar si alcanzaron acuerdos parciales y qué hicieron para cumplir la sentencia.
El reclamo por el Atuel, que comenzó con los pobladores del oeste hace casi 80 años, sigue sin una solución definitiva.

