Los ministros de Hacienda, Guido Bisterfeld, y de Obras Públicas, Alfredo Intronati, van esta tarde a la Legislatura a explicar el proyecto de ley que envió el Ejecutivo para cobrar peajes en las rutas provinciales a los camiones que no tienen residencia en la provincia y que las transitan diariamente con exceso de peso, especialmente con destino a Vaca Muerta. La iniciativa oficial se sumó a otras dos que ya estaban en manos de los diputados: una presentada por Hipólito “Poli” Altolaguirre y otra por Espartaco Marín, Marcela Páez y León Nicanoff. Los radicales intentarán sacar un dictamen propio.
El encuentro está previsto para las 16 y reunirá a las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación General y Asuntos Agrarios.
Los tres proyectos parten de un mismo problema: el fuerte incremento del tránsito pesado que atraviesa La Pampa, en particular el transporte de arena con destino a Vaca Muerta, y el costo que ese movimiento genera sobre las rutas provinciales. Datos oficiales difundidos por Diario Textual indican que por algunos corredores circulan entre 800 y 1.200 camiones diarios, mientras que en la ruta provincial 1 el tránsito se multiplicó respecto de los niveles anteriores.
El proyecto del Gobierno
El proyecto de Casa de Gobierno es el 21/26, vinculado a la implementación de un sistema de peajes en la provincia, una propuesta que busca abrir el debate sobre el financiamiento del mantenimiento de las rutas pampeanas y el tránsito de vehículos, particularmente el transporte de cargas.
La iniciativa toma como base la Ley Provincial de Vialidad (Decreto-Ley 577/58) y busca incorporar herramientas para darle mayor operatividad y eficiencia al sistema.
La propuesta establece tres ejes centrales: el destino de los fondos recaudados, las excepciones al pago y el organismo encargado de administrar el cobro.
El proyecto contempla un conjunto de excepciones: los vehículos radicados tributariamente en la provincia, los vehículos de emergencia pertenecientes a organismos de seguridad, bomberos, salud pública y defensa civil, los vehículos oficiales afectados al cumplimiento de funciones públicas y aquellos destinados al servicio público de transporte interurbano de pasajeros.
Con relación al resto de los vehículos no radicados en La Pampa, la obligación o exención de pago estará determinada según el impacto que su peso genera en la vida útil de la infraestructura vial.
Según el proyecto, la recaudación del peaje, una vez descontados los gastos operativos necesarios para su percepción, tendrá como destino principal la infraestructura vial.
El 90% de los recursos será girado al Fondo Provincial Vial, previsto en el artículo 21 del Decreto-Ley 577/58. De esta manera, el dinero obtenido por el peaje quedará afectado a la construcción, mantenimiento y reparación de las rutas provinciales.
El 10% restante será distribuido entre Municipalidades y Comisiones de Fomento, de acuerdo con criterios vinculados con la extensión de la red de caminos vecinales de cada jurisdicción.
Esos recursos tendrán una afectación específica para el mantenimiento de la infraestructura rural de los respectivos ejidos.
El Ejecutivo sostiene que la medida responde a la necesidad de considerar al sistema vial como una red integrada, en la que los caminos rurales y vecinales tienen un papel central para la producción agropecuaria, el traslado de personas y bienes y la integración territorial.
El proyecto deja expresamente en manos de la Dirección Provincial de Vialidad la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas, además del control de cargas.
Lo que se propone modificar es la administración del sistema de cobro. Para esa tarea se plantea crear el “Fideicomiso Rutas Pampeanas”, cuyo Consejo Directivo estará integrado exclusivamente por autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad.
Los integrantes del Consejo no recibirán una remuneración adicional por cumplir esta función.
El Ejecutivo plantea que la estructura administrativa y operativa del nuevo esquema tenga una dimensión mínima, fundamentalmente por la incorporación de tecnología para avanzar en modalidades de cobro remoto del peaje.
La administración fiduciaria quedará bajo la órbita de Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M., una estructura estatal ya existente que administra fideicomisos vinculados con políticas públicas.
El Gobierno destaca además que la sociedad cuenta con participación de la oposición legislativa y está sometida al control del Tribunal de Cuentas.
El proyecto del radicalismo
El proyecto del diputado radical Hipólito Altolaguirre crea el Régimen de Contribución por Uso de Infraestructura Vial y Control de Cargas y deja a la Dirección Provincial de Vialidad como autoridad de aplicación, con facultades para administrar, recaudar y fiscalizar el sistema. En una primera etapa propone dos cabinas: una sobre la ruta provincial 1, entre la ruta nacional 5 y la ruta provincial 14, y otra sobre la ruta provincial 18, entre la ruta nacional 35 y la ruta provincial 9.
La iniciativa radical incorpora además pesaje obligatorio, balanzas dinámicas y tecnología como TelePASE. Para determinar la tarifa utiliza como referencia el precio de un litro de Gasoil Grado 3 de YPF en Santa Rosa. Los vehículos radicados en La Pampa que estén al día con el impuesto correspondiente quedan exentos, mientras que el transporte de cargas que tenga origen y destino dentro de la provincia puede acceder a una bonificación del 40%, acreditada mediante Carta de Porte Electrónica. La recaudación tendría como destino el Fondo de Mantenimiento Vial Estratégico, para bacheo, repavimentación, señalización, seguridad vial y equipamiento de control.
El proyecto de Marín
El proyecto de los diputados peronistas Espartaco Marín, Marcela Páez y León Nicanoff, denominado “Peaje petrolero y autovía”, es el más específicamente vinculado con Vaca Muerta. Propone crear una contribución especial para los camiones que transportan arena hacia la formación neuquina, con excepción de los vehículos particulares y del transporte vinculado con la producción pampeana patentado en la provincia.
El destino de los recursos sería doble: mantenimiento y reparación de la red vial provincial y construcción de una autovía en los corredores donde se concentra ese tránsito. Marín planteó que el esquema debería pensarse para un escenario de unos 1.000 camiones diarios durante 15 años y sostuvo públicamente que las empresas petroleras podrían afrontar un peaje del orden de los 10 dólares por camión, aunque también mencionó alternativas de uno, dos o tres dólares.

