Norma Durango, la senadora pampeana y titular de la Banca de la Mujer, aclaró que, en consulta con el Poder Ejecutivo Nacional, se va a quitar, vía veto parcial presidencial, la palabra ‘integral’ que aparece en inciso b del artículo 4, del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y que fue aprobado por mayoría esta madrugada.
En el inciso b del artículo 4 del texto, se plantea la posibilidad de interrupción del embarazo por fuera de la semana 14 en casos de violación o «si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.
El senador por la provincia de Río Negro y exgobernador, Alberto Weretilneck, votó a favor de la ley, aunque sugirió modificaciones al Poder Ejecutivo, que serían concretadas mediante un veto parcial y a la hora de reglamentar la norma.
Uno de los cambios propuestos por Weretilneck apunta a modificar en el articulado de la ley el concepto de “salud integral”.
Weretilneck propuso quitar de la redacción de la ley la palabra integral, y, ya al inicio de la sesión, Durango, miembro informante del oficialismo, había confirmado que la cuestión iba a ser resuelta por el Poder Ejecutivo.
“Dadas las inquietudes que generó, hemos promovido en consulta con el Poder Ejecutivo Nacional que, al momento de la promulgación, se observe parcialmente el proyecto en caso de ser sancionado a fin de dar claridad al objetivo de la propuesta: mantener las causantes para que sigan como hasta hoy y vetar parcialmente la palabra integral del inciso”, afirmó la legisladora pampeana.
Según Weretilneck, si se mantenía la palabra “integral” en el texto de la ley “se abría una puerta inmensa para generar situaciones judicializables, e iba a transformar a prácticamente la totalidad de los planteles de salud en objetores de conciencia”.
“La posibilidad del veto del concepto de salud integral permite alejar estas circunstancias y permite tener una ley viable”, afirmó Weretilneck al exponer sus argumentos durante el debate de la ley.
El senador rionegrino agregó que había “conversado” con el Poder Ejecutivo “algunos aspectos de la reglamentación de los distintos artículos”, y citó en este sentido “el artículo cuarto, inciso b; el quinto inciso d, el sexto inciso b y el 10, referido a los médicos”.
En relación al artículo 4, inciso b, Weretilneck pidió: “Se plantee que el peligro para la salud deberá ser evaluado y establecido por el personal de salud interviniente”.
El senador también propuso la necesidad de la denuncia en los casos de violación, en mayores de 13 años. “Se propone una reglamentación que diga que en los casos en que se hubiera solicitado la interrupción del embarazo en virtud del inciso a del artículo 4 de la presente ley (el que habla de una violación), el personal pondrá a disposición de la requirente la información sobre los derechos establecidos en la ley 26.485, y en particular sobre los recursos de atención, canales disponibles para realizar la denuncia penal y la posibilidad de contar con asesoramiento legal”, planteó.
“En cuanto al artículo 10 -agregó- proponemos que en la reglamentación quede establecido, en lo que es la objeción de conciencia, que el personal de salud no podrá negarse a la realización el embarazo en caso de emergencia cuando la práctica deba realizarse en forma urgente, pues su no realización inmediata pondrá en riesgo su salud física o la vida de la persona gestante».