Santa Isabel vuelve a vivir días convulsionados. En solo 4 horas durante este lunes, la Justicia provincial dio a conocer dos fallos que desconcertaron a los pobladores. Primero el juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Cuarta Circunscripción, Javier Trombiski, hizo lugar a una medida cautelar y suspendió la sesión del jueves del concejo deliberante, donde podrían destituir a la intendenta Marta Paturlanne. Pero sobre el mediodía, intervino al Superior Tribunal de Justicia y volteó esa cautelar, dijeron fuentes con acceso al caso a Diario Textual. Es decir, la sesión se podrá hacer.
La semana pasada, la abogada Carina Salvay, en representación de Paturlanne, presentó el recurso de amparo.
¿Qué dijo en esa presentación? Que no hay normativa en el concejo deliberante local que reglamente la destitución de un intendente. Y que ante la inexistencia de esa posibilidad, debe aplicarse la más cercana que se asemeje en cuanto a regulación del procedimiento que se intente llevar adelante, el juicio político.
Hoy, a primera hora, el juez se declaró incompetente, dictó la cautelar para suspender la sesión y envió las actuaciones al STJ.
El Superior, al ser notificado, en un trámite exprés rechazó la cautelar y así dejó vía libre para la sesión -y eventual destitución- del jueves próximo. El fallo fue de la Sala C del STJ, integrada por el juez José Sappa y la jueza Elena Fresco.
Hoy el STJ en su fallo estableció cuatro puntos: aceptó el caso, estableció que el conflicto debe regirse por el Código Contencioso Administrativo, el otorgó un plazo de 5 días a Paturlanne para sostener la demanda y revocó la cautelar dictada por el juez de Victorica que había suspendido la sesión del jueves 25.
La investigación contra la intendenta fue impulsada, principalmente, por el vice Guillermo Farana. Entre otros puntos, la acusaron de aumentarse su salario y el de sus funcionarios en diciembre de 2019 sin autorización del cuerpo deliberativo; de no presentar a tiempo los balances mensuales y rendiciones de cuentas (NdeR: posteriormente hubo balances que se presentaron); y de no responder pedidos de informes.
Tampoco remitió, en tiempo y forma, al concejo deliberante, la cuenta de inversión correspondiente al año 2019 (obligación que venciera en marzo de 2020).
Incluso la acusaron de bonificaciones de tasas a sus allegados y de contratar a empleados en forma irregular.
Otra acusación tiene que ver con el pago de unos 80 mil pesos a un vecino por alquileres adeudados del lugar donde se estableció la sede partidaria del PJ, unidad básica de campaña, ajenos al municipio.