La Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la defensa de la intendenta de Santa Isabel, María Paturlanne, y de esta manera se suspendió la sesión del concejo deliberante de este jueves. En esa reunión, la jefa comunal debía hacer su defensa. Posteriormente, los ediles debían votar si la sancionan o destituyen.
La resolución fue firmada por el juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Cuarta Circunscripción, Javier Trombiski. La sesión se iba a desarrollar el próximo jueves. Pero ahora fue suspendida hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
El recurso de amparo fue presentado por la abogada de Paturlanne, Carina Salvay. ¿Qué dijo en esa presentación? Que no hay normativa en el concejo deliberante local que reglamente la destitución de un intendente. Y que ante la inexistencia de esa posibilidad, debe aplicarse la más cercana que se asemeje en cuanto a regulación del procedimiento que se intente llevar adelante, el juicio político.
El 18 de noviembre último, el concejo deliberante de Santa Isabel votó por mayoría que Paturlanne debía ser apartada, por 60 días, del cargo a raíz de graves irregularidades. Este jueves 25 debía presentarse a hacer su descargo. Posteriormente, se esperaba que la mayoría la sancionara o la destituyera.
La imputación fue aprobada por el viceintendente Guillermo Farana (Frejupa), Cristian Echegaray (Frejupa), Bibiana García (Juntos por el Cambio) y Bernardo Ocejo (Juntos por el Cambio).
En contra lo hicieron Fabricio Domínguez (Frejupa) y María Cabral (Frejupa).
La investigación contra la intendenta fue impulsada, principalmente, por el vice Farana. Entre otros puntos, la acusaron de aumentarse su salario y el de sus funcionarios en diciembre de 2019 sin autorización del cuerpo deliberativo; de no presentar a tiempo los balances mensuales y rendiciones de cuentas (NdeR: posteriormente hubo balances que se presentaron); y de no responder pedidos de informes.
Tampoco remitió, en tiempo y forma, al concejo deliberante, la cuenta de inversión correspondiente al año 2019 (obligación que venciera en marzo de 2020).
Incluso la acusaron de bonificaciones de tasas a sus allegados y de contratar a empleados en forma irregular.
Otra acusación tiene que ver con el pago de unos 80 mil pesos a un vecino por alquileres adeudados del lugar donde se estableció la sede partidaria del PJ, unidad básica de campaña, ajenos al municipio.
En lugar de Paturlanne asumió Farana. Pero la intendenta fue a la Justicia y el Superior Tribunal de Justicia le dio la razón.