El ministro de Gobierno, Pascual Fernández, cuestionó al Gobierno nacional por la decisión de delegar en nueve provincias, entre las que no fue incluida La Pampa, la gestión de tramos de rutas nacionales para que las reparen. “Como siempre, transfieren responsabilidades y se quedan con los recursos”, dijo en declaraciones a Radio Kermés.
La medida, que se conoció ayer, era largamente reclamada por los mandatarios provinciales, que pedían el traspaso de las rutas para su reparación, pero con los fondos asignados, algo que no ocurrirá.
El esquema incluyó a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, cuyos gobiernos habían manifestado interés en asumir funciones sobre corredores estratégicos. Pero dejó afuera a La Pampa, que había sido una de las primeras en solicitar el traspaso de las rutas nacionales.
El decreto a la firma del presidente permite que las provincias otorguen concesiones de obra pública para la administración, mantenimiento y ampliación de rutas. Estas tareas podrán financiarse mediante el cobro de peajes, bajo reglas fijadas por la legislación nacional vigente.
La normativa deja en claro que el Estado nacional mantendrá la titularidad de los caminos y la jurisdicción federal. El decreto establece que la Dirección Nacional de Vialidad conserva funciones de auditoría y supervisión técnica. Además, determina que cada proyecto deberá ser evaluado en su viabilidad económica y su impacto en el sistema vial nacional. En ningún caso la gestión provincial sobre las rutas podrá exceder los 30 años.