El radicalismo pampeano manifestó este martes su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares y respaldó la presentación en la Justicia de un amparo colectivo. Sin embargo, criticó que “no hubo una convocatoria más amplia” y atacó a la estrategia judicial: el diputado Hipólito “Poli” Altolaguirre (UCR) dijo que, en vez de hacer la presentación en el Juzgado Federal de Santa Rosa, debería haberse realizado, directamente, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El amparo fue presentado por el Gobierno de La Pampa la Universidad Nacional de La Pampa y las organizaciones ambientalistas Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.
De esta manera, el radicalismo y el peronismo pampeano se abroquelaron contra la ley que podría afectar el río Colorado, del que se abastece el 70 por ciento de los pampeanos. En el Pro, en tanto, hay posiciones encontradas -unos a favor y algunos en contra-, en tanto que en La Libertad Avanza -en rigor, sin ninguna banca en la Legislatura provincial– no hay fisuras y se muestran a favor de los cambios.
“Poli” Altolaguirre dejó en clara la posición de la UCR en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura provincial. La comisión sacó dictamen favorable por la mayoría, mientras que la minoría decidió fijar posición en el recinto, sobre el proyecto de resolución por el que se expresa respaldo político e institucional a la acción de amparo, con el fin de declarar la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la Ley 27.804, que modifica la Ley 26.639 de Glaciares. El voto de la mayoría es del peronismo. En tanto, la minoría corresponde a la UCR.
“Rechazamos la reforma y defendemos nuestros ríos, pero no acompañamos la presentación de un amparo selectivo, porque fue firmado fue solamente un sector de nuestra provincia, cuando históricamente fue una política de Estado de nuestra provincia. No había motivos para no hacer una convocatoria más amplia”, expresó Altolaguirre, luego, a Diario Textual.
La reunión fue presidida por Hernán Pérez Araujo (Frejupa, peronismo). “Esta acción fue presentada el día 9 de abril, esto es al día siguiente de la sanción por parte del Congreso, o casi me atrevo a decir el mismo día, porque fue después, a las 12 de la noche la aprobación”, dijo. En rigor -según dijeron días atrás fuentes judiciales a Diario Textual-, no es como expresó Pérez Araujo: el amparo fue presentado hace cuatro días, el 24 de abril, horas después de que se promulgara la ley.
“Nosotros vamos a pedir dictaminar este proyecto, que es, como su texto lo indica, el firme respaldo político e institucional a esta acción llevada adelante no solo por el Gobierno de La Pampa, sino por nuestra Universidad Nacional y las dos entidades ambientalistas”, dijo Pérez Araujo.
Posteriormente, Altolaguirre expresó la postura del bloque de la Unión Cívica Radical. “Quiero dejar en claro nuestro rechazo contundente a la Ley 27.804. Coincidimos en que esta reforma de la Ley de Glaciares es regresiva y pone en riesgo al sistema energético que tanto defendemos los pampeanos”, resaltó.
No obstante, aclaró que el eje del debate no radica en el contenido de la norma, sino en la estrategia adoptada. “Hoy no estamos acá para discutir las consignas, sino para evaluar la seriedad de una estrategia judicial que ha decidido llevar adelante nuestra provincia”, dijo.
“Nuestro representante nacional, Daniel Kroneberger, votó en contra de esta ley en el Senado”, recordó. “Pero el proyecto en tratamiento propone un amparo ante la Justicia Federal local. La Constitución Nacional es clara: cuando una provincia demanda al Estado Nacional por la inconstitucionalidad de una ley que ataca al federalismo, la competencia es originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo.
Asimismo, advirtió sobre las posibles consecuencias de esa decisión. “Al forzar la vía local, el oficialismo expone a La Pampa a un conflicto de competencias, que solo dilatará la protección real de los glaciares. El amparo es para casos manifiestos y corremos el riesgo de que el juez rechace la acción de entrada, entendiendo que se requiere un proceso de debate más amplio”, dijo.
Además, cuestionó que el Gobierno pampeano, al elaborar el amparo, no tuvo en cuenta la opinión de la mayoría de los legisladores provinciales.
El eje de la reforma pasa por una modificación sustancial en el esquema de protección: se transfieren competencias a las provincias, que desde ahora podrán definir sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo o zonas periglaciares quedan alcanzados por la protección.
Hasta ahora, la ley sancionada en 2010 establecía parámetros uniformes y consideraba a estos ecosistemas como bienes públicos estratégicos. Con la nueva redacción, las áreas que no sean incluidas bajo los criterios provinciales podrían quedar fuera del régimen específico de protección.
Para sectores ambientales y autoridades pampeanas, este punto implica un posible debilitamiento de los estándares vigentes.
El Gobierno pampeano sostiene que la reforma debilita los estándares nacionales de protección y traslada responsabilidades a las provincias cordilleranas, lo que podría facilitar la actividad minera en zonas glaciares.
Por lo pronto, el viernes 24 la Fiscalía de Estado metió el amparo colectivo. Ahora el juez federal Juan José Baric deberá determinar si es competente o si, directamente, tendrá que enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.