La diputada provincial Noelia Sosa (Frejupa, que responde al vernismo) cuestionó el Informe Final Ambiental (IFA) del área hidrocarburífera El Medanito y sostuvo que no debe ser aprobado porque, según afirmó, incumple exigencias de la legislación provincial sobre saneamiento ambiental y abandono de pozos. Además, dijo que no hubo suficientes controles por parte de funcionarios provinciales.
Sosa, precisamente, fue una de las funcionarias que debía controlar el área, hasta que asumió el cargo de diputada: fue directora de control de Operaciones de Hidrocarburos de La Pampa hasta 2023. “Parece autoincriminarse…”, dijeron voces del propio peronismo, al señalar su reciente paso en los controles del petróleo.
Especialista en hidrocarburos, ha torpedeado las condiciones de la anterior licitación e incluso ha denunciado a funcionarios del Gobierno. Incluso, últimamente, ha amenazado con demandar penalmente hasta el gobernador Sergio Ziliotto y a todo el gabinete. Una amenaza que, por el momento, no cumplió.
La legisladora del Frejupa participó de la audiencia pública para analizar el informe ambiental presentado por la empresa saliente, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), junto al abogado Alejandro Gigena. Dijo que durante la exposición planteó el rechazo al informe presentado por PCR al considerar que “no cumple con las exigencias de la Ley de Hidrocarburos”, con base en informes técnicos incorporados al expediente administrativo.
Según indicó, el IFA incumple la Ley Provincial 3018 y el Decreto Reglamentario 2229/19, que regulan los procedimientos de saneamiento ambiental de pozos hidrocarburíferos abandonados o por abandonar.
Ayer, con la participación de autoridades provinciales, representantes institucionales, organizaciones y ciudadanos inscriptos, comenzó este mediodía en el Centro Cultural Municipal de Colonia 25 de Mayo la Audiencia Pública convocada para analizar el Informe Final Ambiental y el Plan de Remediación del área hidrocarburífera El Medanito.
La instancia fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de La Pampa y se desarrolló bajo modalidad híbrida, combinando la participación presencial con la intervención remota de personas previamente registradas.
La audiencia constituye una herramienta de participación ciudadana prevista en la legislación ambiental vigente y tiene por finalidad recibir opiniones, observaciones y aportes de la comunidad respecto de la documentación presentada para el área hidrocarburífera El Medanito. Todas las intervenciones serán incorporadas al expediente administrativo y consideradas por la autoridad de aplicación antes de la adopción de una decisión definitiva.
Cuestionamientos al informe
Sosa sostuvo que el documento no acredita que los pozos abandonados hayan sido saneados conforme a la normativa vigente y advirtió que esa situación puede representar un riesgo ambiental.
“La cuestión referida al abandono de pozos hidrocarburíferos es central porque, si un pozo no fue correctamente sellado, controlado y monitoreado, puede convertirse en un foco de contaminación ambiental, con migración de fluidos, afectación de acuíferos, emisiones de gases o riesgos para el suelo y el subsuelo”, expresó.
Además, señaló que también existen observaciones sobre el saneamiento de suelos oleocontaminados, costras y residuos peligrosos, ya que -según informes técnicos internos- aún resta presentar cronogramas ejecutivos y los costos integrales de determinadas tareas solicitadas por las autoridades provinciales.
Otro de los cuestionamientos apuntó a las garantías económicas previstas para la remediación ambiental. De acuerdo con la diputada, la empresa propone garantizar solo el 50% del monto necesario para ejecutar el plan de saneamiento, cuando la legislación exige que esas obligaciones estén suficientemente afianzadas.
Por esos motivos, afirmó que “no corresponde la aprobación del Informe Final Ambiental” de El Medanito.
Responsabilidades de los funcionarios
La legisladora también planteó que debe analizarse la eventual responsabilidad de los funcionarios con competencia en materia ambiental.
En ese sentido, recordó que la Ley 3018 asigna competencias tanto a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático como a la Secretaría de Energía, por lo que consideró necesario determinar si existieron incumplimientos en las tareas de control.
“Dejamos formalmente planteada la necesidad de que se determine la eventual responsabilidad administrativa, funcional y legal de quienes, teniendo el deber de controlar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, permitieron que estas irregularidades llegaran hasta esta instancia”, expresó.
Posición del Gobierno
Durante la misma audiencia pública, funcionarios de la Secretaría de Energía y Minería y de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático aseguraron que la presentación del IFA no implica el cierre del proceso ambiental ni la liberación de las obligaciones pendientes de la empresa.
El director general de Gestión Ambiental, Miguel Fantini, y el técnico Lucas Andiarena explicaron que la Provincia continuará fiscalizando el área hasta verificar que todas las tareas de saneamiento y remediación hayan sido ejecutadas, documentadas y validadas por los organismos competentes.
También informaron que los monitoreos realizados sobre aguas subterráneas no detectaron presencia de hidrocarburos ni de metales pesados en las muestras analizadas.
Los funcionarios agregaron que la evaluación técnica permitió identificar sectores con suelos impactados que permanecen bajo seguimiento ambiental y remarcaron que ningún sitio será considerado remediado hasta que existan análisis de laboratorio, documentación técnica y verificaciones de campo que lo acrediten.
“El Estado no aprueba lo que no verifica”, resumieron durante la audiencia pública.