El gobernador Sergio Ziliotto defendió este viernes el proyecto de Ley Provincial de Tierras Rurales que envió a la Legislatura y aseguró que busca proteger los recursos naturales estratégicos de La Pampa frente a la flexibilización de las restricciones nacionales. La iniciativa establece límites a la compra de campos por parte de extranjeros, prohíbe la tenencia de tierras en determinados casos y fija condiciones de acceso según la productividad del suelo y el tiempo de residencia en la provincia.
“Ni se vende ni se regala”, afirmó Ziliotto durante una entrevista con el programa Mañanas Silvestres, de Radio 10, al explicar los fundamentos de la iniciativa. El mandatario sostuvo que las provincias tienen competencias propias para regular el uso del suelo y defender sus recursos naturales, y cuestionó el escenario generado por las decisiones del Gobierno nacional en materia de tierras rurales.
“Tenemos toda la entidad para fijar límites en lo que para nosotros es la entrega de soberanía y, en muchos casos, la mercantilización de la entrega de la soberanía”, señaló. En ese sentido, afirmó que el proyecto busca ejercer las atribuciones provinciales para resguardar los recursos estratégicos y evitar un avance de la extranjerización de la tierra.
Ziliotto vinculó la presentación de la iniciativa con la derogación de la Ley de Tierras nacional mediante un decreto de necesidad y urgencia. Recordó que la Argentina cuenta con una trayectoria histórica de protección de sus tierras y remarcó que la apertura a las inversiones extranjeras no implica renunciar a establecer reglas.
“No se trata de impedir que el extranjero invierta, sí, pero con reglas de juego que establecen los Estados, tanto nacional como provincial”, expresó. Para el gobernador, la discusión pasa por definir límites que permitan proteger la soberanía sobre el territorio y los recursos naturales.
Entre los puntos centrales del proyecto, explicó que las tierras que contengan recursos naturales estratégicos, como ríos, lagunas, bosques nativos, salitrales y áreas protegidas, no podrán quedar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. También indicó que la iniciativa prohíbe que Estados extranjeros o empresas con participación de Estados extranjeros tengan tierras en La Pampa.
El mandatario aclaró que la propuesta no establece una prohibición general para que ciudadanos extranjeros compren campos en la provincia. La intención, sostuvo, es fijar límites de acuerdo con las características productivas de cada zona y evitar una concentración de tierras que comprometa el control de los recursos estratégicos.
En ese marco, mencionó la unidad económica, una referencia que en La Pampa se establece según la productividad del suelo. De acuerdo con los parámetros que describió durante la entrevista, el acceso podría alcanzar hasta 1.000 hectáreas en la zona núcleo y hasta 20.000 hectáreas en el oeste provincial.
También señaló que el proyecto contempla condiciones vinculadas con la residencia. Según explicó, los extranjeros podrían acceder a la tierra con diez años de residencia continua en La Pampa, plazo que se reduciría a cinco años cuando tengan hijos, cónyuges o convivientes en la provincia.
“No estamos restringiendo nada en virtud de cualquier tipo de rechazo al extranjero, sino que estamos poniendo límites”, remarcó. Y agregó que el objetivo es impedir un escenario de extranjerización de la tierra que, a su entender, se ve favorecido por la normativa nacional.
Ziliotto se mostró confiado en que la Legislatura aprobará la iniciativa. Sostuvo que La Pampa tiene una historia de pertenencia y defensa de sus recursos que, en ocasiones, supera las diferencias partidarias e ideológicas.
“Yo no tengo dudas de que ese proyecto se hiciera ley, porque en la provincia de La Pampa tenemos una historia del sentido de pertenencia, de defensa de lo nuestro, que muchas veces excede el posicionamiento ideológico”, afirmó.
El gobernador también defendió la necesidad de que el Congreso nacional recupere protagonismo frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. En relación con el decreto vinculado con la normativa nacional de tierras, recordó que su gestión acompañó la posición del Senado para rechazar el DNU y sostuvo que el Poder Legislativo debe recuperar facultades delegadas.
“No se trata de no darle herramientas al Ejecutivo o de ralentizar la gestión, sino de que el Congreso debata, trabaje y discuta absolutamente todo”, planteó.
En esa línea, cuestionó que las reformas se impulsen sin una discusión institucional amplia y sostuvo que cualquier transformación debe beneficiar a las mayorías para contar con respaldo político, social y económico.
Para Ziliotto, la falta de continuidad en las políticas públicas lleva a que cada gobierno desarme lo realizado por el anterior, en lugar de profundizar lo que funciona y modificar aquello que no da resultados. Por eso, reclamó fortalecer la institucionalidad y avanzar en políticas de Estado que trasciendan los cambios de gestión.
Ayer, remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley Provincial de Tierras Rurales, que establece un marco normativo provincial ante la falta de regulación nacional en la materia. La iniciativa prohíbe la venta de tierras que incluyan o colinden directamente con recursos naturales estratégicos, como ríos, acuíferos, lagunas, humedales y bosques nativos, o que estén ubicadas en áreas protegidas, a personas físicas y jurídicas extranjeras. También prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera.
Para las demás personas físicas y jurídicas extranjeras, el proyecto establece límites a la titularidad y posesión de tierras rurales. Las superficies máximas dependerán de la productividad de cada zona y oscilarán entre 1.000 y 20.000 hectáreas.
Además, fija un tope de extranjerización del 15% tanto a nivel provincial como departamental. A su vez, establece un límite del 30% para los titulares de una misma nacionalidad, calculado sobre el cupo previsto en ambos niveles.
Las restricciones a la cantidad de hectáreas no se aplicarán a determinadas personas extranjeras que cumplan requisitos de residencia, vínculos familiares o ciudadanía, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto.
En sus fundamentos jurídicos, la iniciativa invoca las competencias provinciales no delegadas al Gobierno federal, entre ellas las vinculadas al uso del suelo y al dominio originario de los recursos naturales. Para ello, se apoya en los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional.
También se enmarca en los artículos 18 y 33 de la Constitución de La Pampa, vinculados a la preservación del ambiente, la función social de la propiedad y la subordinación de su explotación a la conveniencia de la comunidad.
El proyecto toma como antecedente la derogada Ley Nacional 26.737, que establecía el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y propone un sistema de control provincial ante la ausencia de una normativa nacional vigente en la materia.
