La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) salieron a bancar a los empleados de la Dirección de Niñez de La Pampa que no concurrieron a la citación de la comisión investigadora de la Legislatura por presuntas irregularidades en el retiro de un bebé a una familia de contención de Rancul.
La presentación conjunta de ATE y UPCN La Pampa expresó el respaldo a las profesionales del equipo técnico de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia que fueron convocadas por la comisión, y planteó la necesidad de preservar sus derechos laborales, su integridad psicofísica y la protección de la identidad de los niños involucrados.
Posteriormente, ATE dio a conocer un comunicado de prensa. “Desde ATE señalamos que las trabajadoras convocadas son personal de carrera comprendido en la Ley 643, que desarrolla funciones exclusivamente técnico-profesionales y bajo dependencia jerárquica. Por eso, las responsabilidades por las decisiones institucionales y de gestión corresponden a quienes las adoptan y ejercen funciones de conducción, no a quienes cumplen tareas técnicas”, expresaron.
“Consideramos inadmisible que trabajadoras de carrera sean sometidas a un escrutinio político y mediático por informes elaborados en el marco de sus competencias profesionales. Esta situación constituye una forma de presión institucional y un riesgo psicosocial que el Estado tiene la obligación de prevenir, en el marco del Convenio 190 de la OIT, ratificado por nuestro país mediante la Ley 27.580”, agregaron.
“Asimismo, advertimos que la exposición pública del equipo interviniente puede permitir, de manera indirecta, la identificación del niño cuya protección se encuentra en juego, por lo que reclamamos el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de niñas, niños y adolescentes”, señalaron.
Por estos motivos, ATE solicitó a la comisión:
- Dejar sin efecto la convocatoria realizada a las trabajadoras del equipo técnico y abstenerse de disponer nuevas citaciones al personal comprendido en la Ley 643 por cuestiones vinculadas a decisiones de gestión.
- Canalizar los requerimientos de información a través de los funcionarios responsables del área.
- Notificar previamente a las organizaciones gremiales ante cualquier futura convocatoria y garantizar que las trabajadoras puedan concurrir acompañadas por representación gremial y patrocinio letrado.
- Evitar la difusión de nombres o datos que permitan identificar a las profesionales intervinientes y, por su intermedio, al niño involucrado.
“Desde ATE dejamos claro que no vamos a permitir que nuestras compañeras sean expuestas ni utilizadas como variable de ajuste de una disputa política que les es ajena. Las vamos a acompañar en todas las instancias necesarias para defender sus derechos laborales y su integridad”, concluyeron.
La pulseada con el Gobierno
Este martes se registró un nuevo capítulo en la polémica por el caso del bebé de Rancul. Funcionarios de las áreas de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno provincial concurrieron a la Legislatura, convocados por la comisión investigadora para ampliar información y responder consultas, pero finalmente no expusieron. ¿Qué pasó? Hubo dos discrepancias: la comisión pidió que también declarara el equipo técnico, es decir, los empleados de planta, y que los funcionarios fueran entrevistados por separado. Ambos pedidos fueron rechazados después de tres horas de espera de los funcionarios en los pasillos. Desde la comisión denunciaron que el Gobierno está “entorpeciendo” la investigación y advirtieron sobre la “gravedad institucional” de la situación. Los funcionarios rechazaron las acusaciones y cuestionaron que la comisión se atribuyera funciones propias de los jueces.
La comisión está integrada por Sandra Fonseca, Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara. Su objetivo es determinar si existieron irregularidades administrativas o institucionales en la intervención de los organismos provinciales y, eventualmente, si corresponde establecer responsabilidades por el caso del bebé que le fue retirado a una familia de contención de Rancul.
La Justicia determinó que no hubo delitos
La fiscal adjunta Anabella Libertad Kletzel entrevistó a policías y empleados, y determinó que no hubo delitos, malos tratos u otras irregularidades por parte del equipo técnico y de los funcionarios de la Dirección de Niñez de La Pampa en el procedimiento de retiro de un bebé a una familia de contención de Rancul. “No se advierten elementos probatorios que permitan inferir un actuar contrario a la ley o un desvío de poder. Asimismo, conforme lo manifestado por los responsables operativos, no se constataron ni registraron expresiones agraviantes o intimidatorias, tampoco malos tratos u hostigamiento por parte de las autoridades hacia los denunciantes y terceros/as durante el desarrollo de las diligencias”, expresó.
La resolución representa un espaldarazo para los funcionarios de Niñez que, paralelamente, están en la mira de una comisión investigadora integrada por cuatro diputadas provinciales. Por lo pronto, la fiscal no detectó irregularidades ni actos agraviantes o intimidatorios, como había denunciado la familia de contención.
Los hechos ocurrieron el 7 de septiembre. La denuncia fue realizada por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, la familia de contención de Rancul que reclama la adopción del bebé que tuvo bajo su cuidado. La pareja denunció “muchas irregularidades” por parte de funcionarios del Gobierno y de la Justicia.
En los fundamentos de la resolución, la fiscal señaló que su intervención se limitaba a determinar si las acciones denunciadas podían configurar un delito penal. Aclaró que no correspondía a esa instancia revisar la legitimidad o el mérito de las resoluciones judiciales o de las medidas de protección de derechos dictadas por la autoridad civil o de Niñez.
Kletzel sostuvo que el procedimiento tuvo como fundamento una orden de la jueza de la Familia, Niños, Niñas y Adolescentes, Ana Clara Pérez Ballester, que disponía la restitución del niño. Según el dictamen, tanto los funcionarios de Niñez como el personal policial y el equipo de negociación actuaron dentro de sus competencias y en cumplimiento de esa orden.
La fiscal reconoció que este tipo de procedimientos puede generar momentos de alta tensión emocional, pero concluyó que, en las actuaciones denunciadas, se privilegió la contención, la negociación y el diálogo, además del resguardo de la integridad física del niño y de las personas involucradas. También descartó que se hubiera acreditado un uso ilegítimo de la fuerza.
Como parte de la investigación preliminar, Kletzel entrevistó a dos jefes policiales. Ambos describieron las negociaciones realizadas en el puesto caminero de Eduardo Castex y el posterior traslado de Ana Pizzani y el niño a Santa Rosa. Según sus testimonios, el equipo procuró resolver la situación mediante el diálogo y atender las necesidades de la mujer y del bebé.
Consultados específicamente sobre la posible existencia de expresiones agraviantes o intimidatorias por parte de los funcionarios intervinientes, ambos manifestaron que no habían escuchado ese tipo de expresiones durante su presencia en el puesto caminero y en la Dirección de Niñez.
El caso
Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani denunciaron “muchas irregularidades” por parte de funcionarios del Gobierno y de la Justicia.
El bebé llegó a la familia el 20 de marzo de 2026, cuando tenía dos meses, en el marco del programa de Familias de Contención, una medida excepcional y transitoria. Al asumir el cuidado, Díaz y Pizzani firmaron un acta en la que aceptaron las condiciones del programa, entre ellas, que no podían convertirse en adoptantes del niño.
El 29 de junio, la Justicia declaró al bebé en estado de adoptabilidad y solicitó al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA) el listado de familias en condiciones de adoptarlo. La pareja reclamó que el niño permaneciera con ellos y pidió la guarda con fines de adopción. Ambos planteos fueron rechazados en distintas instancias judiciales.
El 7 de septiembre, la familia debía entregar al bebé. Fue hasta la Dirección de Niñez y manifestó que no lo haría. Luego, sus integrantes fueron demorados por la Policía en Eduardo Castex, cuando intentaban dirigirse hacia Rancul. Finalmente, regresaron a Santa Rosa y el niño fue entregado, después de las 18.30, a la familia seleccionada para iniciar el proceso adoptivo.
Díaz y Pizzani denunciaron que el procedimiento fue violento y cuestionaron la forma en que se concretó el retiro. El Gobierno, en cambio, sostuvo que la intervención de Niñez tuvo como finalidad cumplir con la decisión judicial y que se procuró generar la situación “menos violenta” posible para el bebé.